Funcionarios de la Xunta imputados declararán el jueves por el ‘caso Bebé’

Varios trabajadores de la Xunta prestarán declaración este jueves en calidad de imputados ante la juez Sandra Piñeiro, titular de Instrucción número 2 a cargo de un caso heredado del número 3, la Operación Bebé. Estas diligencias abiertas a partir de unas primeras denuncias en el año 2010 investigan si varios pequeños fueron retirados, en pleno siglo XXI, de forma irregular (y en varios casos entregados a padres adoptivos) a 12 familias biológicas en trámites efectuados por el Servizo de Menores. Pero media docena abogados, entre ellos, según uno de estos letrados, el representante legal de uno de los imputados, agotan los recursos hasta el último momento intentando que se aplace el interrogatorio.

Alegan "indefensión", entre otras cosas, porque después de llevar dos años reclamando a golpe de escrito un sumario que ya no estaba bajo secreto, todavía lo recibieron a finales de la semana pasada, y además "incompleto" (ayer, el juzgado les pidió las memorias USB para entregarles una parte que faltaba). Son 58 tomos que, según alguno de estos letrados, están leyendo "día y noche", en tiempo récord, porque es necesario encontrar el "nexo común" entre todos los casos de familias biológicas despojadas de sus hijos para concretar el "modus operandi" de los imputados. Los abogados aseguran que tampoco conocen, a estas alturas, la identidad de algunas de las personas a las que se les atribuyen los presuntos delitos. Sus nombres no aparecen en la providencia de citación por ser funcionarios que firmaban documentos oficiales de la Xunta solo con un número.

A estos trabajadores de la Xunta que prestarán declaración el jueves, se sumarán a lo largo de este mes, hasta el 1 de diciembre, otros imputados en la causa, algunos de ellos también funcionarios, hasta una docena de personas. Pero probablemente el interrogatorio que despertará más expectación será el de la exsuperiora del Hogar Madre Encarnación de Lugo, Isabel Torres. En principio lo hará por videoconferencia, algo contra lo que claman los abogados de las familias, que quieren mostrarle documentos relacionados con estas retiradas de bebés bajo sospecha firmados supuestamente por ella.

La historia de la Operación Bebé se escribe, según explican estos letrados, a base de recursos y escritos de queja en el último par de años. Fue la insistencia de algunos de estos abogados de oficio, que representan a familias biológicas de los niños por lo general con escasos recursos y baja formación, la que llevó a la Audiencia Provincial de Lugo a exigir a la juez Piñeiro que imputase a los funcionarios y la religiosa del hogar para madres desamparadas que, hasta el momento, solo habían colaborado como testigos de la causa. Tuvieron que pasar todavía muchos meses antes de que la juez acordase la imputación, no obstante, esta lentitud procesal, según los abogados de las familias que han perdido por el camino todo contacto con sus críos, contrasta con "la precipitación" de estos últimos días. Desde que se presentaron las primeras denuncias que dieron cuerpo al caso Bebé, estos niños, varios recién nacidos, se han hecho mayores en el seno de otros hogares sin relacionarse con sus madres biológicas que los reclaman y, posiblemente, sin saber de su existencia.

El caso fue abierto por otra magistrada, la titular del número 3, Estela San José, que llegó a registrar la sede de Menores (Consellería de Traballo e Benestar) en Lugo, y a entrar en el Hogar Madre Encarnación, donde también se incautó de abundante documentación. En los tomos ahora entregados a las partes aparecen nuevas historias de familias que pelean por recuperar a sus hijos. Eran casos que, hasta el momento, se desconocían. También se ha sabido que uno de los asuntos, la parte que describía cómo una prostituta extranjera fue supuestamente forzada a entregar su bebé bajo amenaza de una organización mafiosa de Europa del Este, ha sido archivada.

El sumario incorpora las libretas donde las religiosas anotaban el día a día de los bebés en su casa de acogida. Los abogados de las familias biológicas están "alarmados", aseguran, por la "cantidad de medicación" que presuntamente se les suministraba a los pequeños. "No los sacaban a la calle, les daban de comer a la fuerza, no les daban juguetes", denuncia una abogada de las que han presentado recursos, "para entretenerlos les ponían a veces la radio". Ahora leen tomos y a medida que descubren novedades preparan, entre los demás, el interrogatorio de la antigua madre superiora, que hoy reside en una casa de la orden religiosa al sur de España y ha sido eximida por el juzgado de tener que viajar a Lugo para declarar el próximo 1 de diciembre.