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Mañana el Claustro de la Universidad de Girona debatirá si retira el título de doctora honoris causa a la magistrada Encarna Roca por su actuación como miembro del Tribunal Constitucional. Petición que fue presentada hace un mes por 77 claustrales.

Tal como informaba ayer este periódico, se reprocha a la magistrada que votara a favor tanto de la sentencia que declaró inconstitucional la declaración de soberanía del Parlamento, como de la admisión a trámite del recurso contra la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria que han comportado la suspensión de la consulta. Los firmantes del escrito consideran que todo ello “choca de manera frontal con algunas de las razones por las cuales se le concedió la distinción, singularmente por su compromiso con Cataluña y sus instituciones”.

Además de la retirada del honoris causa a Encarna Roca, la petición recoge también que la Universidad exprese su apoyo a la consulta del 9-N y pida a determinadas asociaciones universitarias que muestren su apoyo a la consulta. Este escrito en todas sus partes, pero especialmente en la petición de retirada del doctorado honorífico, es indicativo del grado de presión política que se está ejerciendo en Cataluña sobre las instituciones, públicas y privadas, y el clima de violencia moral en que se desarrollan el llamado proceso.

La profesora Encarna Roca es una muy prestigiosa personalidad del panorama jurídico español, pionera en muchos de sus campos de estudio. Fue la primera mujer en España catedrática de Derecho Civil y también la primera que ingresó en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Entre 2005 y 2012 fue magistrada del Tribunal Supremo, cargo al que renunció al ser nombrada magistrada del Tribunal Constitucional. La profesora Roca es especialista en Derecho Civil Catalán. Su obra Fundamentos de Derecho Civil de Cataluña, escrita conjuntamente con Lluís Puig Farriol en cuatro tomos, es y seguirá siendo una referencia en la materia.

Según los claustrales de la Universidad de Girona, no es suficientemente “patriota” y hay que retirarle el merecido honor que le hicieron al nombrarla doctora

Se trata, por tanto, de una sólida jurista de incontestable valía. Sin embargo, a juicio de los claustrales de la Universidad de Girona, no es suficientemente “patriota” y hay que retirarle el merecido honor que le hicieron al nombrarla doctora.

Vale la pena examinar este asunto como muestra de una mentalidad excluyente y fanática, impropia de una institución como es la universidad, pero inquietante también desde el punto de vista político ya que presupone el desconocimiento de la ciertas reglas básicas de un Estado democrático de derecho. Desconocimiento que se revela también habitualmente en ciertos artículos de periódico y cada día, mañana, tarde y noche, en las tertulias de las radios y televisiones catalanas. Centrémonos en dos aspectos.

En primer lugar, el escrito de los claustrales demuestra desconocer o despreciar el significado de la independencia judicial e, incluso, la misma función que desempeña un juez. La independencia judicial significa que los jueces y magistrados en la formulación de sus resoluciones judiciales son independientes de todos los demás poderes —no solo políticos sino también sociales, económicos o de cualquier orden— pero son absolutamente dependientes de la ley. Las resoluciones judiciales, en especial las sentencias, no expresan la voluntad del juez ni su sentido de la justicia, sino la voluntad de la ley, es decir, la voluntad que expresaron al aprobar la ley una mayoría de los representantes del pueblo. Si no fuera así, el juez no sería un órgano democrático.

Ciertamente, esta ley, así como el supuesto de hecho al que se aplica, necesita interpretarse y para ello se utilizan unos métodos determinados que no puede escoger el juez de forma arbitraria sino que deben estar convenientemente justificados en la resolución judicial. Además, la resolución que adopte un juez puede ser apelada ante una instancia superior para que la revise. Por tanto, hay un sistema de garantías para que la ley, en la medida de lo posible, se cumpla. Todo ello implica que, aún en el caso que la magistrada Roca discrepara políticamente del fondo de la cuestión, debería aplicar la ley, en este caso la Constitución, para no incurrir en prevaricación. ¿Pretenden los claustrales de Girona que incurra en este delito?

En segundo lugar, sostener que el honoris causa se le concedió, no solo por sus méritos profesionales sino “por su compromiso con Cataluña y con sus instituciones”, indica una concepción totalitaria, tanto de Cataluña como de sus instituciones, es decir, niega la pluralidad de opiniones y el derecho a discrepar en materias que afecten a la llamada cuestión nacional. Todo “el pueblo al servicio del Estado”, ¿les suena esto?, ¿no les recuerda los más siniestros episodios europeos de la primera mitad del siglo XX? Quizás que se lo piensen los claustrales de la Universidad de Girona.

Aunque no me extraña que sucedan estas cosas con un Gobierno de la Generalitat y unas fuerzas políticas partidarias del derecho a decidir que han creado un clima de profundo desprecio por el derecho, es decir, por el Estado democrático de Derecho.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional