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Las infraestructuras de la Xunta tienen un sobrecoste medio del 31%

Contas advierte de que las modificaciones de proyectos desvirtúan los concursos públicos

Las obras adjudicadas durante los años 2010 y 2011 por la Dirección Xeral de Infraestruturas de la Xunta tuvieron un sobrecoste final, con respecto al precio de adjudicación, de un 31% de promedio, según uno de los informes del Consello de Contas entregado ayer al Parlamento. En su fiscalización financiera de la Xunta durante esos dos ejercicios —recogida en una veintena de informes hechos públicos ayer simultáneamente— el Consello analizó un total de 71 contratos de la citada dirección general, integrada en la Consellería de Medio Ambiente. Las obras examinadas se adjudicaron con un precio de 152, 78 millones de euros, pero lo que la Administración pagó finalmente fueron 200,39 millones, informa Europa Press.

 El organismo fiscalizador detectó en su auditoría “cierta correlación entre la baja de adjudicación y la variación final del precio, de tal forma que la obtención de economías en la contratación a través de bajas considerables queda desvirtuada y compensada con los precios de las modificaciones contractuales, poniendo en cuestión la oferta económica tomada como base para la adjudicación del contrato”. Junto al coste, Contas subraya que los plazos inicialmente previstos también sufrieron “dilaciones”, ya que solo 28 de las 71 obras examinadas por los auditores se terminaron en el plazo comprometido. Ocho de esas infraestructuras acumularon hasta 500 días de retraso.

En las conclusiones de su informe, Contas advierte a la Consellería de Medio Ambiente de que “debe exigir un mayor rigor en la elaboración, supervisión y replanteo de los proyectos de obra con el fin de evitar la proliferación de modificaciones durante la ejecución de los contratos, que implican demoras e importantes incrementos de coste y desvirtúan las condiciones de licitación”. Además, insta a ese departamento a “exigir responsabilidades a los técnicos redactores de los proyectos por las carencias, insuficiencias e imprevisiones que provocan la variación de los proyectos originales”.

El órgano fiscalizador también pone reparos al uso del llamado procedimiento negociado para adjudicar contratos, es decir, cuando, en lugar de hacer una licitación abierta, es la Administración la que invita a un mínimo de tres empresas a participar en un concurso. La justificación de ese procedimiento extraordinario es el de agilizar los contratos, pero Contas aprecia que los proyectos tramitados por este sistema finalmente no resultan más rápidos. También reprocha a Medio Ambiente que en ninguno de los expedientes justifique los motivos de la elección de las empresas invitadas a participar.

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