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El ‘caso ERE’ suma ya 229 imputados

La juez acusa a seis nuevas personas por dos expedientes negociados en Granada

La juez Mercedes Alaya, junto a los Juzgados de Sevilla. Ampliar foto
La juez Mercedes Alaya, junto a los Juzgados de Sevilla.

La juez Mercedes Alaya ha imputado a otras seis personas en el caso de los ERE y la cifra total de la causa asciende ya a 229 personas. En su último auto del pasado 30 de octubre, la instructora ha imputado al presidente de la firma FCC Medio Ambiente, Agustín García, y al director general de Recursos Humanos de Cespa, Salvador Tudela, a los que Alaya achaca conocer “indiciariamente” la inclusión de seis intrusos que cobraron de los ERE 1,4 millones. Tudela y García declararán el próximo 1 de diciembre. Ambas imputaciones están basadas en las negociaciones derivadas del conflicto colectivo de la limpieza en Granada en 2006.

La solución para solventar el problema provino de la Consejería de Empleo, cuyo director general de Trabajo, por aquel entonces Javier Guerrero, suscribió una póliza con la aseguradora Personal Life para beneficiar a las empresas FCC Medio Ambiente y Cespa con 452.000 euros cada una de ellas, “sin la tramitación de expediente alguno y con falta de competencia para ello”, denuncia la instructora. Ambas firmas recibieron finalmente la cantidad de 276.222 euros cada una de ellas. “La Junta de Andalucía asumió obligaciones que en cualquier caso serían de las empresas”, subraya la juez en el auto.

Por otra parte, Alaya ha imputado a tres altos cargos de la entidad Caja Rural de Granada por participar en “la instrumentación ideada” para amortizar un préstamo concedido a la firma Dhul a través de la Junta de Andalucía. El director general de Caja Rural de Granada en 2007, Dimas Rodríguez, la directora de Inversiones, Rafaela Ruiz y José Miguel Martos, director de la oficina principal de Caja Rural de Granada en dicha ciudad. Al margen de estos directivos, la juez imputa a Rosario González, extrabajadora de la consultora Vitalia, por su conocimiento del ERE de Hitemasa, en el que fue incluido como intruso el exdelegado del Gobierno en Cádiz, César Braña, ya fallecido. La juez designa como responsable civil a su esposa, Ana Cordes, como beneficiaria de la póliza, ya que recibió 53.321 euros entre 2002 y 2009.

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