El Parlament pide otro decreto contra la pobreza energética

Con el invierno a la vuelta de la esquina y un 10% de familias catalanas que tienen problemas para mantener su hogar a la temperatura adecuada, la Generalitat sigue sin explicar con detalle cuál será su plan para afrontar la pobreza energética. Ayer el Parlament puso más presión y aprobó por unanimidad una moción del PSC para presentar “de manera inmediata” un nuevo decreto que reemplace al anterior y cuyos efectos, por ejemplo, se extiendan a todos los meses del año.

La petición llega después del fracaso de la norma anterior, que se aprobó el pasado invierno y a la que solo se acogieron 895 familias. El acuerdo consistía en retrasar el pago de la factura a primavera y no cortar el suministro durante los meses de frío. Además de las críticas de las entidades del tercer sector social y de plataformas como la Alianza contra la Pobreza Energética, el mismo Departamento de Empresa y Ocupación reconoció que la cobertura había sido muy baja y que se le dio la suficiente difusión.

La moción aprobada, además de instar a Empresa a pisar el acelerador con el decreto, pise que se amplíe el periodo de aplicabilidad a todo el año, se simplifiquen sustancialmente los trámites para poder beneficiarse en caso de tener problemas para pagar los recibos. La norma, dice el texto, estaría dirigida para las personas cuyos ingresos no lleguen a 1,5 de la renta de suficiencia de Cataluña y no pueden afrontar la deuda y debe tener “instrumentos de apoyo económico, como un fondo de suficiencia energética”.

Las críticas de las entidades sociales respecto a los planes de ayuda social de la Generalitat es su falta de dotación económica. Hace un mes el secretario de Empresa, Pere Torres, aseguró desconocer la cantidad necesaria para evitar el frío en los hogares más vulnerables pues se desconocía cuál era la verdadera necesidad y no había una definición clara de quién es el pobre energético. Esta semana, sin embargo, el consejero de Empresa, Felip Puig, aseguró en una entrevista a RAC-1 que los nuevos planes del departamento podría beneficiar a entre 50.000 y 70.000 familias, lo que supondría un coste estimado de entre 20 y 25 millones al año.

Hasta ahora son las ONG y los Ayuntamientos, como el de Barcelona, los que han soportado el peso de las ayudas económicas. En la capital catalana, por ejemplo, el Consistorio dio ayudas el año pasado a 2.842 familias. Cáritas hizo lo propio con unas 1.700.

Puig también aseguró que la Generalitat está buscando negociar con el sector energético la creación de un fondo para ayudar a las familias afectadas a reducir su deuda con las suministradoras, en el marco de la mesa contra la pobreza. Una iniciativa que tiene unas posibilidades de vuelo reducidas si se tiene en cuenta cuál es la posición del sector. El pasado martes el presidente de la patronal energética Unesa, Eduardo Montes, aseguró que “la pobreza energética es posible que no sea la más acuciante” de las que viven las familias españolas, aunque se mostró dispuesto a acercar el hombro en la lucha contra “la pobreza en general”.

También queda la duda de qué aspectos recuperará Puig del anterior decreto, recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo de Mariano Rajoy lo impugnó por considerar que pone en riesgo la unidad de mercado y reivindica que es su competencia el determinar quién es un consumidor vulnerable. Pero, sobre todo, porque amenaza los ingresos de las eléctricas, ante las cuales la Generalitat no ha sido tan contundente.