La oposición solicita investigar los contratos vinculados al caso Púnica

Los responsables de los grupos parlamentarios afirman que las disculpas expresadas en los últimos días por la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el nombramiento de cargos que finalmente se han visto implicados en posibles casos de corrupción, entre ellos la Operación Púnica, llegan tarde.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha indicado que cada partido "debe asumir su culpa" y ha pedido "tolerancia cero" con la corrupción. Lissavetzky ha añadido que, en el caso de Aguirre, las disculpas "a posteriori tienen el valor que tienen". 

Ángel Pérez, de IU, ha asegurado que "no se trata de pedir perdón, sino de saber por qué en cuarenta años los políticos españoles no han sido capaces de legislar para que en las administraciones haya un "control real" de la contratación y "no se pueda robar". "La corrupción no es posible cuando hay normas que lo impiden", ha zanjado Pérez, que ha sostenido que la inspección de la contratación pública es una "necesidad".

Según el portavoz de UPyD, David Ortega, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no debe pedir perdón, sino tomar medidas como responsable político y poner "luz y taquígrafos", ya que, en su opinión, pedir perdón es algo que se hace con los amigos y "no vale para nada si no está respaldado por hechos".

La diputada regional de IU Tania Sánchez ha anunciado además que su grupo parlamentario va a solicitar esta semana en la Asamblea de Madrid que la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones estudie todos los contratos vinculados a la denominada Operación Púnica. "Intentamos hacer ver que esto no se queda en un caso de corrupción de cuatro, cuarenta o cuatrocientos golfos, sino que responde a un modelo de gobierno regional basado en el oscurantismo de las instituciones públicas", ha declarado Sánchez.

La diputada madrileña ha puesto como ejemplo el caso de Valdemoro, donde se ha llevado a cabo la rueda de prensa, por los "sucesivos contratos privatizadores innecesarios, que tenían como único objetivo repartir dinero entre amiguetes, mientras el municipio tiene una deuda de 100 millones y los vecinos sufren recortes". Sánchez ha manifestado que es necesario realizar auditorías de estos contratos, para saber qué costes reales suponen y cuánto impacto tienen en las instituciones públicas.