Nace el ente de crédito que tendrá representación política y sindical

Izquierda Unida siempre vinculó la aprobación del tercer Presupuesto que elabora al alimón con sus socios socialistas al inicio de la tramitación del Ente Público de Crédito de Andalucía (ECA), una especie de ICO regional que tendrá ficha bancaria para operar. No es habitual que el mismo día que se acuerda remitir al Parlamento las cuentas autonómicas se apruebe también otra iniciativa legislatura, en este caso, un anteproyecto de ley. Pero “a la vez” fue la condición que puso IU en la que creencia de que si no es así, no estará operativo al final de la legislatura que concluye, si no hay adelanto, en marzo de 2016.

El anteproyecto de ley tiene 14 artículos, una disposición adicional —que recoge la petición de autorización administrativa para crear un banco— y dos disposiciones finales.

El objeto social del ECA “será impulsar y favorecer en Andalucía la puesta a disposición de emprendedores, autónomos, cooperativas y demás entidades de economía social, las entidades solidarias no lucrativas, así como de las empresas, especialmente las de pequeño y mediano tamaño, de instrumentos financieros eficientes, accesibles y diversificados de acuerdo a sus necesidades de financiación”, dice el texto. Y la consejera de Hacienda precisó: “En ningún caso será un ente de pequeños ahorradores”.

El nuevo instituto contará con un capital de 18 millones de euros, previstos en las cuentas andaluzas para 2015, y cuando esté operativo tendrá a su disposición de unos 1.400 millones de euros de fondos reembolsables de la Junta. Hasta ese momento, esos recursos los seguirá gestionando la agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Economía. El ECA dependerá orgánicamente de la Consejería de Hacienda.

Como todas las entidades de crédito, el ECA tendrá un presidente —nombrado por el Gobierno andaluz—, un consejo de administración y una estructura con al menos seis áreas, según se apunta en el anteproyecto de ley. Al frente de todas ellas estarán personas “de reconocida honorabilidad comercial y profesional”. Y en su gobierno corporativo “contemplará con participación ciudadana y/o representación de los agentes sociales”. También se prevé “el diseño de un modelo retributivo consecuente con los fines de la entidad” que, según Montero, serán compensaciones por desplazamiento.

La comisión de control estará integrada por cinco personas nombradas a propuesta de la comisión de Hacienda del Parlamento. Ante la Cámara deberá rendir cuentas el ECA. También está prevista la creación de “delegaciones territoriales”.

Este proyecto surge después de que todas las cajas andaluzas —salvo Unicaja, que se ha transformado en banco— hayan desaparecido al haber sido absorbidas por grandes corporaciones.