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“Esta oficina de servicios sociales nunca ofrece ninguna ayuda”

La Guardia Urbana protege la instalación asaltada por vecinos de Ciutat Meridiana

Dos agentes de la Guardia Urbana custodian la oficina de los servicios sociales de Ciutat Meridiana.
Dos agentes de la Guardia Urbana custodian la oficina de los servicios sociales de Ciutat Meridiana. ALBERT GARCIA

“Lo siento, pero no hay nada”. Esta es una de las frases que más pronuncian los trabajadores sociales cuando los vecinos de los diferentes barrios los visitan para pedirles ayudas económicas o puestos de trabajo. En algunos barrios, con una tasa de parados que desde hace demasiados años está por las nubes, esta disculpa pesa como una losa. “Desde esta oficina de servicios sociales es imposible que te ofrezcan ninguna ayuda”, asegura Khalid, un joven de Ciutat Meridiana, mientras señala el centro de servicios sociales con dos motos de la Guardia Urbana aparcadas en la puerta. Los agentes custodian esta instalación desde el miércoles, cuando un grupo de 40 vecinos, irritados, asaltaron la oficina destrozando una parte del mobiliario y atemorizando a los trabajadores. Los vecinos acababan de frenar dos desahucios en el barrio.

“Los espectáculos de rabia son habituales y comprensibles pero, hasta ahora eran individuales”, explica un educador social de otro barrio, que reúne unas condiciones similares a las de Ciutat Meridiana. “Ahora tenemos miedo de que estas protestas se extiendan a otros barrios”, explica la misma fuente que añade molesta: “Nosotros, los empleados, no somos los culpables”. Los trabajadores sociales deben gestionar lo mejor que pueden los pocos recursos de que disponen pero, cada vez más, se ven obligados a recurrir a la misma canción: “Lo siento, pero no hay nada”.

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La cantinela se ha hecho tan monótona en barrios como Ciutat Meridiana, en el que el nivel de paro es el más alto de la ciudad, que la paciencia de los vecinos parece haberse agotado. “Ya les dijimos a los del Ayuntamiento que este centro no funcionaba, que no servía para nada”, recuerda Chelo, una mujer de 55 años que con los 400 euros mensuales que cobra más los 400 de ayuda que recibe su marido tiene que sacar adelante una familia de cinco adultos y un bebé. “Todos los vecinos estamos indignados con esta gente”, denuncia Santiago, un joven que se dedica a recoger chatarra. Algunos vecinos incluso han llegado al punto de sentirse molestos por el solo hecho de ver a los trabajadores sociales cómo comen en un bar de menú del barrio mientras ellos pasan hambre.

Ante este conflicto, el centro de servicios sociales de Ciutat Meridiana ha cerrado estos días sus puertas y está previsto que reabra el lunes, pero a partir de ahora con vigilancia policial.

El peligro de esta tensa situación, más allá del riesgo que pueden correr los trabajadores, es que los servicios sociales son una de las más importantes antenas que los Ayuntamientos tienen en sus calles y su trabajo es de vital importancia para hacer llegar recursos a los más necesitados y también para mantener la cohesión social, que parece colgar de un hilo en determinadas zonas castigadas por la dura y larga crisis.

“Los espectáculos de rabia son comprensibles”, dice un trabajador social

Esta semana se ha celebrado en Barcelona el Congreso de Servicios Sociales Básico. Uno de sus objetivos era precisamente el de dar herramientas a los profesionales para poder gestionar las difíciles situaciones que deben afrontar a diario. Tras el asalto de Ciutat Meridiana, los colegios profesionales que participaban en el congreso, el de Trabajo Social, el de Educadores y Educadoras Sociales y el de Psicología de Cataluña, han elaborado un manifiesto para condenar el ataque y dar apoyo a los trabajadores afectados. Pero el escrito también pone sobre la mesa las carencias de los servicios sociales: “Lo primero que hay que hacer es denunciar la incapacidad de respuesta de los sistemas y circuitos institucionales para cumplir con su obligación de garantizar los derechos de las personas y los mínimos para una vida digna de toda la población”. El manifiesto reconoce también la labor de las “asociaciones de vecinos y movimientos sociales para dar respuesta a las demandas de la gente”, pero advierte que “en ningún caso la vía es la expresión de la violencia”. Finalmente, reconoce que se ven “sobrepasados y desbordados”, ya que “el incremento de la demanda de atención no ha ido acompañado de la dotación de recursos”.

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