“Me dejan desnuda en la calle”

"Me desnudé para reclamar el autobús escolar de mis hijos y ahora es el banco quien me deja desnuda en la calle para toda la vida". Eva María Casas está acabando de recoger sus enseres en la vivienda que se compró en Montserrat en 2008, cuando la construcción todavía iba como un tiro. Tiene hasta el próximo día 28 para empaquetar antes de que una comisión judicial la desaloje a ella y a su familia.

Eva, que tiene tres hijos de 16, 10 y 6 años, dejó atrás sus reparos hace ahora dos años y posó sin ropa para exigir que la Consejería de Educación repusiese el autobús escolar que trasladaba a los 80 niños de las urbanizaciones al colegio Evaristo Calatayud de Montserrat. El calendario hecho por las madres les sirvió, inicialmente, para sufragar un autobús que el Consell se negaba a poner al considerar que no había más de tres kilómetros lineales desde los domicilios de los escolares al centro. El problema era que, en medio, había una buena loma que prolongaba el camino hasta el centro escolar más allá de los tres kilómetros. Ahora el Tribunal Superior de Justicia, en una reciente sentencia, les ha dado la razón.

Sin embargo, para esta madre, que protagonizó los meses de junio (en la parada del autobús escolar)  y noviembre (con una pala, dispuesta a allanar el camino de sus hijos a la escuela), la lucha no ha cesado. El pasado 14 de octubre recibió una notificación de desahucio por adeudar cuatro meses de hipoteca. En total 2.200 euros.

Bankia le exige la vivienda que garantizaba la hipoteca y entre 120.000 y 150.000 euros de deuda pendiente. Una pretensión que Eva, que reclama que la deuda se condone con la entrega de la vivienda al banco, considera injusta.

"Todo empezó en 2010, yo y mi pareja nos quedamos en paro y llegamos a un acuerdo con la antigua Bancaja", narra Eva, "rescatamos un plan de pensiones y los ahorros infantiles y llegamos a un acuerdo para entregar una cantidad menor de manera fija y el resto conforme fuésemos teniendo trabajos y obteniendo ingresos". "Hasta la fusión de Bancaja y Caja Madrid el trato fue perfecto, pero a los pocos meses de la fusión ya no valía".

"Mi abogado les ofreció pagar un alquiler social de 300 euros pero rechazaron la oferta", explica la madre de Montserrat, que ya dispone de una vivienda social facilitada por el Ayuntamiento, por la que paga 150 euros, para que la pareja pueda rehacer la vida con sus hijos. Lo que reclama ahora Eva es que la entrega de la vivienda acabe con una deuda que amenaza con hipotecar su vida y la de sus hijos."Me dejan desnuda en la calle y para toda la vida".