Los gastos de caja fija que exige la oposición ponen a Fabra a la defensiva

La polémica sobre los gastos de caja fija del Consell alteró este jueves la sesión de control al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en las Cortes Valencianas. Los tres partidos de la oposición aumentaron la presión sobre el jefe del Consell a costa de los escándalos de corrupción y el despilfarro en gastos que hoy, en plena crisis económica, son a todas luces suntuarios. La izquierda reclama la relación de gastos y las facturas de las cajas fijas de las consejerías desde el año 2006, que el Gobierno valenciano asegura que no puede entregar por el enorme volumen de documentación que representa, a pesar de que hay una sentencia del TSJ favorable a un recurso de Compromís que obliga a hacerlo. Fabra y sus consejeros se defendieron tachando las críticas de demagógicas y reiterando que los de gastos de caja fija están bien controlados.

El portavoz socialista, Antonio Torres, subió la temperatura al instar al Consell a personarse como acusación en la pieza cinco del caso Gürtel que instruye el Tribunal Superior de Justicia sobre los contratos menores de la trama con la Generalitat. “En la Comunidad Valenciana existió una concertación delictiva de altos cargos con distintas empresas para adjudicar contratos a dedo, centrifugando la contratación o recurriendo a la caja fija”, dijo Torres, que vaticinó: “Usted no va a hacer nada porque una parte del dinero ha ido al PP y porque usted también es responsable del saqueo como miembro del consejo de administración de Castelló Cultural”. Según Torres, en la etapa en la que Alberto Fabra y el presidente de las Cortes, Alejandro Font de Mora, formaron parte de este organismo se adjudicaron a Gürtel los actos del primer aniversario de Castelló Cultural y el segundo congreso de software libre con procedimientos irregulares e hinchando el precio.

El presidente de la Generalitat, que intentó en vano llevar la discusión hacia los buenos resultados de la Encuesta Población Activa, reprochó a los socialistas: “Ustedes buscan la condena mediática. No quieren justicia”. Luego, replicó con el “y tu más” y recordó que el secretario general del PSPV, Ximo Puig, aparece mencionado en una de las conversaciones del empresario Enrique Ortiz, imputado Gürtel y en Brugal. La consejera portavoz María José Català ha remachó con la idea de que el exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo, también está imputado y sigue en la ejecutiva del PSPV-PSOE.

El clima se caldeó aún más con las intervenciones de los portavoces de Compromís y Esquerra Unida. “Queremos saber en qué se gastan nuestro dinero”, insistió Enric Morera. El portavoz de Compormís propuso a Fabra “dejar de gastar diez días en la caja fija” y destinar ese dinero, unos cinco millones de euros, a medidas contra la pobreza. ¿Qué hubiese pasado si el dinero de la caja negra se hubiese destinado a la renta garantizada de ciudadanía?, recalcó Mònica Oltra.

Esas alusiones enervaron al consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, que intentó detallar todos los controles de las cajas fijas y reprochó la actitud de Mònica Oltra y Compromís, que lo interrumpieron. El presidente de las Cortes, Alejandro Font de Mora, optó finalmente por retirar la palabra al consejero y aprovechó para reprender a todos los diputados: “Si no se respetan, trasladan una imagen de gamberrismo institucional. Se lo pido como presidente y como valenciano”.

Oltra acusa a altos cargos del PP de "pegarse la vida padre" con fondos públicos

La última intervención, de Marga Sanz, de Esquerra Unida, centrada en la pobreza, también derivó al uso poco ético del dinero de las cajas fijas. “Mientras comen entrecot”, dijo Sanz en referencia a una de las facturas de caja fija de la Consejería de Medio Ambiente en la etapa en la que Juan Cotino era consejero, “ustedes se oponen en las Cortes a que los niños en riesgo de exclusión tengan garantizadas tres comidas diarias”. Fabra, como en la réplica a los socialistas, sacó a relucir los escándalos que han afectado a varios ediles de Esquerra Unida, ya expulsados de la coalición. “Estamos en el buen camino”, insistió el presidente de la Generalitat, “Lento, es cierto, pero a usted le parece mal que reduzcamos el paro”.

Ya en los pasillos, Moragues, que anunció que la Generalitat recurrirá contra la suspensión del impuesto sobre depósitos bancarios, tuvo que responder a las preguntas de los periodistas sobre la caja fija. El consejero de Hacienda y Administración Pública ha insistido en que el uso de ese mecanismo es perfectamente legal para gastos recurrentes y repetitivos para reparaciones, mantenimiento o material de oficina, así como para manutención, locomoción y estancias. Moragues cifró en alrededor de 260 las cajas fijas existentes en la Administración valenciana y acotó en “una cuarta parte” las que están al servicio de altos cargos. El resto las manejan funcionarios, añadió. Sobre los gastos polémicos que se han conocido hasta ahora y que pudieron ser “poco decorosos”, declaró: “No me voy a meter en determinados casos personales que se produjeron hace bastantes años”.

La oposición cargó con dureza. Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, calificó de “insulto a la inteligencia” que se implique a los funcionarios en el manejo de la caja fija. “La responsabilidad es de los políticos del PP que han hecho un uso indecente de ella”, señaló el diputado. “Miente Moragues, miente Fabra y miente María José Català”, proclamó Mònica Oltra, de Compromís, que negó la supuesta dificultad del Consell de entregar las facturas de caja fija a la oposición. “Lo explica la propia sentencia, solo tienen que apretar un botón”, añadió la diputada, en referencia a que el Gobierno valenciano podría inmediatamente facilitar una relación informática de los gastos y la oposición reclamar aquellas facturas o justificantes concretos que le parecieran significativos. “El Gobierno valenciano no aprieta el botón porque, si lo aprieta, al día siguiente se tiene que ir”, indicó la diputada, que aludió a los fraccionamientos de contratos que se han hecho con cargo a lo que calificó como “caja negra” y acusó a altos cargos del PP de “pagarse la vida padre, una vida de lujo” con dinero público.

El portavoz socialista, Antonio Torres, dijo, a su vez, que el uso de la caja fija “no puede quedar impune”, pero fue el diputado Rafael Rubio el que entró más a fondo cuando señaló que la utilización fraudulenta de la caja fija está recogida en los autos del juez José Ceres, que instruye la investigación sobre el caso Gürtel, precisamente a causa de su opacidad y de las facilidades que ofreció para pagar contratos sin control a la trama de corrupción.