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“¿Cree usted que Bancaja puede quebrar?”

La entidad hacía esta única pregunta para valorar la idoneidad del comprador de preferentes según declara una empleada en un juicio

“¿Usted cree que va a quebrar esta entidad? Creo que en esta pregunta estaba incluida toda la complejidad del producto”. Con esta simple interpelación se comprobaba si los clientes que iban a contratar un producto como las preferentes o subordinadas que emitió Bancaja eran conocedores de la complejidad que entrañaba, según ha reconocido una empleada de la entidad este jueves durante la celebración de un juicio en Castellón en el que el banco está acusado de ‘colocar’ 30.000 euros de este producto a una anciana analfabeta y su hija con discapacidad.

Irene, una mujer de 88 años que no sabe leer ni escribir (firma con su huella digital), y su hija, del mismo nombre y que tiene, según su abogado, una discapacidad reconocida por resolución administrativa, contrataron 30.000 euros en obligaciones subordinadas (un producto financiero de alto riesgo) el 29 de abril de 2009. Ambas han llevado a la entidad a los tribunales. Su abogado, Jaime Arnau, acusa al banco de no haber informado debidamente a sus clientas y de no haber realizado test que considera obligatorios como el llamado MIFID, utilizado para conocer la idoneidad y perfil de los clientes.

El de Irene y su hija era un perfil de ahorrador conservador. Así lo reconoció la propia empleada: “Ellas siempre habían invertido en plazo fijo o depósitos estructurales garantizados”. Preguntada sobre por qué les ‘vendió’ un producto como las obligaciones subordinadas, ha afirmado que “era lo mejor” que tenían “en ese momento”. La forma de verificar si las clientas eran capaces de entender lo que implicaba ese producto era sencilla. Según ha declarado esta empleada ante la jueza del juzgado de Primera Instancia 8 de Castellón, lo que ella hacía era preguntar si creían que Bancaja podía quebrar. “Yo siempre lo hacía así”, ha dicho.

Cuando a la trabajadora le han preguntado si ella misma entendía el producto ha explicado que sí, que se trataba de una deuda privada de una entidad que en aquel momento estaba la penúltima en la cola de posibilidad de quiebra. “Nadie pensábamos que podía quebrar”.

Irene, la madre, no lo tenía claro. La empleada ha asegurado que cuando hizo la pregunta a ambas, la madre “se quedó dudosa”. “Le dijo a su hija que hiciera lo que ella quisiera y ella dijo que ‘vale’”, ha continuado.

El abogado ha reiterado en el juicio que sus clientas tenían un perfil de ahorradoras conservadoras y que no buscaban un producto así, sino que se lo ofreció la entidad. Reclaman la devolución de los 30.000 euros más los intereses.