El Supremo manda ejecutar la sentencia contra la concesión de Ence

El Tribunal Supremo no ha relajado la marcha tras la sentencia que dictó el pasado julio en la que confirmaba que la Administración debe tramitar la caducidad de la concesión sobre el dominio público marítimo-terrestre de la fábrica de Ence en Pontevedra. El Alto Tribunal ha devuelto las actuaciones a la Audiencia Nacional “a fin de que se proceda a la ejecución” y se incoe el expediente, que, según el nuevo reglamento de Costas, dejará en suspenso cualquier trámite para prorrogar la ocupación de los terrenos de la marisma de Lourizán.

La posibilidad de extender la concesión más allá de 2018 fue una novedad de la reforma de la Ley de Costas del año pasado que discurrió independiente de los frentes judiciales que desde el Ayuntamiento y varias asociaciones ecologistas se fueron suscitando en los últimos 15 años. El que más avanzó de entre estos fue el de la asociación Salvemos Pontevedra, que planteó que la concesión original, de finales de la década de los cincuenta, se excedió con creces y que cuando la empresa se privatizó no se siguieron los requisitos para transmitir el permiso. La Administración nunca contestó y los tribunales determinaron que dar la callada equivalía a asumir las protestas de la ONG, por lo que forzaron a tramitar la caducidad.

El esquivo expediente tendrá que analizar por fin la situación de los terrenos, donde sin muchos miramientos se levantaron estructuras que excedían la concesión, como la depuradora de aguas, que también arrastra una sentencia en contra pendiente de confirmación por el Supremo. Entre tanto no cabe hablar de prórrogas, según se harta de repetir el portavoz de Salvemos Pontevedra, Francisco Díaz, y reconoce expresamente el reglamento general de Costas aprobado la semana pasada en un artículo en el que señala que si se aprecian “causas de caducidad del título vigente o se esté tramitando un procedimiento de caducidad del título concesional […] el procedimiento de prórroga se dejará en suspenso”.

El embrollo legal añade mayor suspense al futuro de la pastera. El reglamento prevé hasta 18 meses para resolver el expediente de caducidad, pero solo tres para que la Xunta emita el informe sobre la conveniencia de la prórroga una vez la compañía la solicite –Ence ya presentó la petición, pero antes de que se aprobase el reglamento- La opinión de la Xunta tampoco obliga a Medio Ambiente, que puede rechazarla en base al “interés general”. La secretaria xeral de Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas, expresaba vacilante el mes pasado su voluntad al mismo tiempo de colaborar para ejecutar la sentencia y de buscar “la mejor salida”.

Ante esto, la compañía se lamenta en un comunicado de “la incertidumbre que gravita” y que impide, avisan, “llevar a cabo importantes inversiones imprescindibles para “asegurar el futuro de la fábrica”, ya en clave económica. Francisco Díaz protesta y avisa de que pedirán la ejecución forzosa si Medio Ambiente sigue sin actuar. “Es una vergüenza que la Administración tenga que ser obligada por los particulares al cumplimiento de una sentencia del Supremo”.