La mordida
Con dos ex secretarios generales a punto de ser imputados, la credibilidad de la UGT está bajo mínimos
La hidra de la corrupción ha mordido en el corazón de todas las instituciones. Desde la Casa Real a las entidades financieras, pasando por los partidos políticos. Y los sindicatos.
Duele de manera especial que las organizaciones cuyo objetivo es la defensa de los más desfavorecidos, los trabajadores que sufren como nadie la crisis, se vean envueltos en asuntos tan turbios como el uso de tarjetas opacas en Caja Madrid / Bankia. Junto a altos ejecutivos y empresarios, consejeros de UGT y CC OO gastaron docenas de miles de euros en caprichos de lujo.
Duele ver que no solo Pujol, sino un histórico de la lucha sindical minera de Asturias también tenía sus dinerillos a buen recaudo en el extranjero. José Ángel Fernández Villa, referente durante 35 años del poderoso sindicato minero SOMA-UGT, se acogió a la amnistía fiscal del PP y regularizo 1,4 millones de euros. Nadie sabe de dónde salió esa millonada.
En Andalucía, el calvario de UGT iniciado hace un año cuando se destapó el escándalo de los cursos de formación se hace cada día más insoportable. Hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción pedía al juez que instruye el caso la imputación de dos exsecretarios generales del sindicato de inspiración socialista, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. La acusación: haber financiado al sindicato de manera ilegal con dinero procedente de los fondos de formación.
Dando por sentado el principio de presunción de inocencia, el escrito del fiscal es demoledor: acusa a Pastrana y a Fernández de “no solo ser conocedores” de ese trasvase de fondos públicos a las arcas privadas de UGT, sino de que ambos “tomaron decisiones” en relación con los hechos.
La actual secretaria general, Carmen Castilla, negaba el martes en La ventana Andalucía que su sindicato se haya financiado ilegalmente. Por lo que ella sabe. Pero afirmó también que no ponía la mano en el fuego “por nadie", ni siquiera por su familia. El secretario general nacional, Cándido Méndez, ha pedido explicaciones a Pastrana y Fernández.
Y en esas, un funcionario, testigo estrella de la juez Alaya, que instruye parte de este caso, lanza unas durísimas acusaciones contra los dos sindicatos y la patronal andaluza. El exjefe del departamento de la Gestión y Formación Profesional de Sevilla (Consejería de Empleo), Teodoro Montes, acusa sin pruebas a UGT, CC OO y la CEA de haber cobrado una mordida de hasta un 20% a las empresas a las que subcontrataban los cursos.
La credibilidad del sindicato socialista se debilita un poco más con estas acusaciones más la muy probable imputación por parte del juez de sus dos antiguos líderes. Y aunque Carmen Castilla sostiene que “UGT está más viva que nunca”, la impresión que da es la de un animal gravemente herido al que será difícil recuperar. Al menos en el corto plazo.
@JRomanOrozco
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