Un ex alto cargo admite que se pagó a Calatrava por la amenaza de denuncia

El exdirector de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Generalitat (SPTCV), Nicolás Figueres, ha admitido este martes ante juez que se acabó pagando a Santiago Calatrava los 1,35 millones de euros por la presentación del proyecto básico porque había una amenaza real del arquitecto de emprender acciones legales y porque la empresa pública no objetó formalmente ni devolvió el proyecto presentado en el plazo de 30 días que se había fijado en el contrato.

Figueres sustituyó en 2009 a Eusebio Monzó, ambos imputados en este caso abierto por el juzgado de Instrucción 5 de Castellón que investiga si hubo irregularidades en el encargo que la Generalitat hizo a Calatrava para que construyera en esta ciudad un Centro de Convenciones. El proyecto no salió adelante porque no se pudo obtener los terrenos donde se había proyectado la edificación y por la negativa de la SPTCV a aceptar un diseño que superaba con creces los 60 millones de euros que se habían fijado en el contrato como coste estimado de la obra. Monzó fue apartado como director general después de haberse negado reiteradamente a abonar los 1,35 millones que faltaban para completar los 2,7 que el arquitecto cobró en honorarios por esta obra no ejecutada. Fue con la llegada de Figueres al cargo en 2009 cuando la sociedad cede finalmente y paga el proyecto.

El abogado de la acción popular que ejerce Esquerra Unida (EUPV) ha explicado que fue Figueres quien autorizó este pago y que lo hizo, según ha afirmado éste en el tribunal, en acuerdo con Cristina Morató, quien fue directora de Grandes Proyectos. “El motivo que ha esgrimido tanto él como Javier Manso (actual director financiero y apoderado de la SPTCV, ahora en proceso de disolución) es que a la vista de que había un requerimiento notarial de Calatrava amenazando con emprender acciones legales, se entendió que había que pagar en ese momento”, ha indicado el letrado. Además, Figueres ha señalado que la SPTCV no devolvió el proyecto básico en los 30 días previstos en el contrato y que tampoco se había hecho ninguna objeción. En el expediente al que en su día tuvo acceso EUPV constan una serie de cartas con el despacho del arquitecto en las que los altos cargos de la empresa pública sí le manifestaron sus objeciones a un diseño que excedía lo previsto inicialmente.

Los dos imputados no han contestado a las preguntas de la acusación popular que les ha preguntado por qué se decidió pagar a pesar de que en el consejo de administración de 2009 se había decidido no hacerlo. Tampoco han respondido a por qué se celebra “de urgencia” un consejo de administración en 2011 (tan solo cinco días después de que EUPV llevara el caso ante la Fiscalía y se publicitara en los medios) para ratificar el pago realizado dos años antes.

El juez de Instrucción 5 ha preguntado si se disponía de la titularidad jurídica de los terrenos donde se había proyectado el Centro de Convenciones. “Ha dicho (Figueres) que no lo sabía, y si no hay título jurídico todo lo demás sobra, no tenía sentido hacer un proyecto de ejecución (posterior al plan básico) sin los terrenos”, ha opinado el letrado.

El diputado y portavoz adjunto de EUPV en las Cortes Valencianas, Ignacio Blanco, ha manifestado que las declaraciones de este lunes confirman las “sospechas” de que la Generalitat pagó el proyecto ante el riesgo de acciones legales pero ha lamentado que ninguno de los dos imputados haya contestado a las preguntas de su letrado. Las declaraciones continuarán el día 22 con un técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón y el día 28 con la de Santiago Calatrava. “Será muy importante el interrogatorio al técnico municipal para conocer qué papel tuvo Alberto Fabra”, ha dicho Blanco.