La juez del metro pide a FGV actas de seguridad y el libro de balizas

La juez que investiga el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia, que en julio de 2006 costó la vida a 43 personas y provocó heridas a otras 47 más, ha pedido a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que remita las actas del Comité de Seguridad del periodo entre 1995 y 1999 y el libro en el que consten las aplicaciones programadas a las balizas de control de velocidad, tanto antes como después del accidente.

La juez también reclama saber la fecha en la que se planificó la instalación del sistema de frenado automatizado ATP en la Línea 1, la fecha en la que se licitó y la de su efectiva implantación.

Así consta en una providencia de la jueza, de fecha de este lunes, en la que acuerda varias diligencias, todas ellas relacionadas con las declaraciones de los tres testigos, representantes sindicales del Comité de Seguridad, y las declaraciones de los tres imputados, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Entre las últimas declaraciones producidas en la causa, se encuentra la del exdirector de Explotación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Vicente Contreras, quien aseguró en su comparecencia como imputado que el riesgo de un accidente de metro en el año 2006 por exceso de velocidad era "casi nulo o inexistente", y agregó desconocer el motivo por el que se programaron las balizas a 80 kilómetros/hora, cuando la velocidad permitida era de 60.

Asimismo, declaró que en ese momento no se generó una polémica entre la elección de los sistemas de frenado FAP o ATP porque "era notorio y público que el ATP no se podía instalar". "Se descartó la implantación del sistema ATP por las características de las vías y por las unidades o trenes que circulaban en aquel momento", manifestó.

El resto de diligencias acordadas en relación con FGV van dirigidas a que la empresa informe sobre la fecha en la que fueron retiradas las unidades Babcok Wilcox; la fecha de apertura al tráfico comercial del ramal que une la línea 5 con la 1, el número de trenes que circulaban por la zona subterránea de la Línea antes y después de la apertura al tráfico comercial de ese ramal, con la especificación de los kilómetros comunes a las líneas 1, 3 y 5 por donde circulaban trenes de esas líneas.

Otra de las peticiones de la jueza se dirige a la empresa pública Adif para que informe sobre el sistema de protección de la red ferroviaria utilizado por esa entidad para los trenes de Cercanías en 2006 para conocer si se trataba de un sistema de protección "puntual" y si las zonas de limitación de velocidad estaban protegidas.

RECHAZA PRACTICAR LA REPRODUCCION VIRTUAL

La jueza, en una resolución contra la que cabe recurso en el plazo de tres días, ha dado curso al recurso de apelación interpuesto por el ministerio fiscal contra la resolución que deniega practicar la reproducción virtual del accidente.

Asimismo, ha dado curso al escrito de uno de los letrados de dos imputados, presentado a raíz del auto de la Audiencia Provincial de A Coruña por el que se retiró la imputación al perito judicial en la causa en la que se investiga el accidente del Alvia en Santiago, en el que se solicita que se pronuncien las acusaciones sobre el desistimiento del recurso pendiente de resolver en la Audiencia de Valencia respecto de la recusación del perito, dado que está basaba en una condición de imputado que, en la actualidad, ha desaparecido.