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El Consell, obligado a dar a EU los informes del plan de El Cabanyal

Décimo tercera sentencia desfavorable al Govern por ocultar información La diputada izquierdista Marga Sanz cree que es por su "opacidad crónica"

Vista del barrio marinero de El Cabanyal.
Vista del barrio marinero de El Cabanyal.Mònica Torres

El Consell valenciano tiene 20 días para entregar a Esquerra Unida (EUPV) los informes sobre el plan de protección y revitalización del conjunto histórico de El Cabanyal, que esta formación había solicitado y aquel se había negado a entregar. Así lo ha estipulado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a través de un fallo no firme de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, contra el que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Como ha destacado en un comunicado la coordinadora general de EUPV, Marga Sanz, se trata de la décimo tercera vez que su grupo le gana una batalla judicial al Consell por su "opacidad crónica".

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Los jueces estiman que la negativa de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente a entregar los informes a EUPV constituye una vulneración del derecho fundamental de participación en los asuntos públicos, "directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal", como reza el artículo 23 de la Constitución Española.

Sanz ha pedido a la Generalitat que no recurra la sentencia, como sí hizo "absurdamente", en las doce sentencias anteriores. Los documentos que pidió la formación de izquierdas en noviembre de 2013 son el informe preceptivo de la Dirección General de Presupuestos, el de la Abogacía de la Generalitat, el de impacto de género y el de la Subsecretería competente en la materia.

"El Gobierno presuntamente transparente de Alberto Fabra ha tenido trece sentencias del TSJCV en contra para esconder bajo siete llaves documentación que es pública, no es ni de Fabra ni del PP", ha atacado la también portavoz de EUPV en las Cortes Valencianas.

La sentencia impone además a la Generalitat el pago de las costas judiciales que ha causado el proceso.

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