El gobierno del PP pagó en Carballiño informes sobre contratos de Vázquez

El gobierno del PP en el Ayuntamiento de O Carballiño encargó en 2012 a un bufete de abogados un informe sobre “la contratación directa por decreto del personal laboral como indefinidos realizado por la anterior corporación”. Se trata de los contratos presuntamente irregulares que el fiscal detalla en la querella que ha presentado contra el diputado y exsecretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, y en la que advierte supuestos enchufes de 37 personas durante su etapa como alcalde de esta localidad hace una década.

Meses antes de que la fiscalía iniciase sus pesquisas, el gobierno local ya había pagado por indagar en los expedientes de los archivos. Según la documentación a la que ha accedido este diario, en febrero de 2012, el concejal de Hacienda adjudicó un contrato por 20.600 euros para la “reestructuración de la relación de puestos de trabajo (RPT) y reorganización de los recursos humanos” que finalizó el último día de aquel año. Según la minuta presentada por el bufete y ante la imposibilidad de finalizar la RPT “por los diversos avatares surgidos a lo largo del 2012, además de la publicación de la Ley de Presupuestos Generales”, los abogados finalmente cobraron unos 16.000 euros procedentes de una partida para “estudios y trabajos técnicos”. Y en esa minuta se describe que, además de la propuesta de reorganización de personal, se elaboraron 14 documentos sobre el personal municipal, entre ellos el informe de la corporación socialista.

“Nosotros no fuimos [los que presentamos la denuncia], solo atendimos la petición del fiscal”, afirmó el lunes el regidor, Argimiro Marnotes. Consultado de nuevo por este diario, mantiene su versión. “Ese informe no tiene nada que ver con la querella de la fiscalía”, asegura. “Para nosotros hubiese sido muy fácil ir al juzgado, pero no lo hicimos”, insiste tras explicar que el documento fue encargado para “analizar” la situación del personal que había adquirido la condición de indefinido sin superar procesos selectivos y que se topó “de golpe” tras 16 años de alcaldía del PSOE.

En junio del año pasado, la fiscalía abrió de oficio diligencias de investigación, al sentenciarse dos pleitos laborales en los que el actual gobierno popular fue condenado tras despedir “por razones políticas” a empleados afines al PSdeG. Después de estudiar documentación requerida al gobierno carballinés, el fiscal advirtió cinco supuestos delitos continuados de prevaricación en el proceder de Pachi Vázquez, por lo que remitió el caso al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ya que el parlamentario es aforado. Los presuntos enchufados crecen hasta los 60 al sumar las querellas que la fiscalía de Ourense ultima contra Carlos Montes, el sucesor en la alcaldía del parlamentario, y tres ediles de aquella corporación.

Desde que el PP ganó la alcaldía de O Carballiño en 2011, se ha enfrentado a varios juicios por despidos nulos. Las pruebas aportadas en dos sirvieron para destapar las contrataciones irregulares, según el fiscal. De hecho, el gabinete de abogados que elaboró el informe interno encargado por el PP, también defendió al Ayuntamiento en esos pleitos por la vía de lo social. En la minuta que destapa el dossier sobre la política laboral socialista, figura la “elaboración de informes para contestación a reclamaciones previas, asistencia, negociación con los abogados y finalización con transacción judicial y extrajudicial de cuatro juicios a celebrar en los juzgados de lo social de la extinción de contratos” de cuatro personas de la plantilla municipal.