El juez pide los últimos expedientes sobre cursos de formación de UGT

El juez que investiga el caso de las facturas falsas de UGT, Juan Jesús García Vélez, ha pedido al Gobierno andaluz que localice, “con la mayor brevedad posible”, los expedientes de las ayudas para cursos de formación otorgadas al sindicato entre 2009 y 2013. “Identifique todos y cada uno de los expedientes correspondientes a subvenciones otorgadas por la Dirección General de Formación de 2009 a 2013”, reza la resolución. La decisión del magistrado se conoce dos días después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido a García Vélez imputar en la causa a los dos ex secretarios generales del sindicato en Andalucía Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.

La petición de García Vélez responde a la solicitud realizada por el antiguo tesorero de UGT Federico Fresneda, imputado en la causa y que dejó el sindicato en mayo de 2003. Fresneda reclamó dichos expedientes al entender que en ellos se establece como “legal” que un tanto por ciento de la cantidad de la ayuda otorgada, “con un máximo del 20%”, se destine a gastos directos y costes asociados.

En una providencia del pasado 3 de octubre, el juez pide a la Junta de Andalucía que le confirme por escrito dónde se encuentran dichos expedientes “a fin de realizarse la oportuna pericial”, sabedor de que probablemente esta documentación esté entre la que la Administración ha enviado a la juez Mercedes Alaya, y que ahora está en proceso de escaneo. Esta instructora analiza el monto global de todos los cursos de formación entre 2001 y 2012, de ahí que sea probable que los expedientes pedidos estén en este juzgado.

Pero el magistrado García Vélez va más allá que Mercedes Alaya y amplía la documentación a examinar a 2013, año en el que tomó posesión el actual Gobierno andaluz. Sin embargo, la última convocatoria de cursos de formación fue en 2011, aunque los pagos se han prolongado durante 2012.

En su escrito, el juez recuerda que investiga la presunta colaboración entre UGT y diferentes proveedores para, “de forma coordinada, facilitar al referido sindicato vías de financiación para la práctica de acciones propias”. “Vías que son distintas del destino que los fondos deberían haber tenido, en concreto, la práctica de acciones formativas a personal ocupado y desocupado”, mantiene el juez. Algo en lo que, según Anticorrupción, participaron Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. “No solo eran conocedores sino que tomaron decisiones en relación con los hechos”, sostiene en el escrito en el que pide al juez la imputación de los dos exlíderes. La fiscalía también se sustenta en las declaraciones de Fresneda, quien declaró que toda la ejecutiva anterior estaba al tanto de los beneficios obtenidos a partir de las subvenciones de la Junta.