La Comunidad ‘salva’ al alcalde de Tres Cantos

La finca El Tagarral ha pasado de ser uno de los principales quebraderos de cabeza del Ayuntamiento de Tres Cantos a constituir “un asunto zanjado”. La Comunidad de Madrid (PP) se ha hecho cargo de la sentencia que condenaba a esta Administración y a los Ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo a abonar 63 millones de euros a los propietarios de la finca El Tagarral.

De esta forma, Tres Cantos consigue salir de una espiral que arrastra desde el año 2003, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fijó un abono de 24 millones por el perjuicio que habían sufrido los propietarios del suelo por lucro cesante al cambiar la calificación de los terrenos de urbanizables a protegidos. La sentencia devino en firme cuatro años después, pero nadie asumió la deuda y el importe continuó creciendo hasta adquirir la dimensión actual. La mayor parte del suelo pertenece a las inmobiliarias Martinsa y Nozar y el resto a la familia Masaveu.

El alcalde de la localidad, Jesús Moreno (PP), considera que la situación ha llegado a su final, y recuerda en la web municipal que siempre ha trabajado con el objetivo de minimizar el coste para los vecinos.

En febrero del año pasado, el Ayuntamiento intentó salir de la situación apoyando la desclasificación de los terrenos. Vecinos y partidos de la oposición criticaron que los populares dieran la espalda a la moción que firmaron todas las agrupaciones políticas del municipio en 2005, en la que se decantaban por mantener la protección de la parcela, además de rechazar cualquier operación especulativa sobre la finca.

Los movimientos de este tipo alrededor de la finca fueron puestos de manifiesto por la diputada de IU-LV, Carmen Villares, que destacó el hecho de que Martinsa y Nozar compraran su parte después de la sentencia, abonando 180 millones de euros. Villares resaltó lo “curioso que resultaba que paguen un precio tan alto sin garantía legal de poder edificar”.

El origen del conflicto se remonta a los años ochenta, cuando el municipio de Tres Cantos no existía aún (se segregó de Colmenar Viejo en 1991) y se permitía construir en el suelo.

En 1977 se aprueba el proyecto de urbanización de la primera fase de la zona. Cinco años después los promotores presentan planes de edificación de las fases 2 y 3 (140 hectáreas), que fueron denegados. Fue en 1987 cuando el terreno pasa de urbanizable programado a no urbanizable de especial protección agrícola y ecológica. Esta decisión desencadena que gran parte de los propietarios, en ese momento una treintena, interpongan un recurso contencioso-administrativo.

Los socialistas de Tres Cantos se han “congratulado” de la decisión, al mismo tiempo que piden que se incremente la protección de la zona, “porque los terrenos son de propiedad privada, pueden llegar futuros gobiernos que apoyen la reclasificación y la sentencia ha sido pagada con fondos de todos los madrileños”.