El Supremo anula la sentencia que tumbó la Operación Calderón

El Tribunal Supremo anuló el pasado 2 de octubre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que envió al limbo la operación urbanística diseñada por el Atlético de Madrid y el Ayuntamiento de la capital para tirar abajo el estadio Vicente Calderón y construir en su lugar 2.000 viviendas. El fallo del Supremo, conocido esta mañana, estima el recurso de la cervecera Mahou, que forma parte de la operación (su antigua fábrica, junto al campo de fútbol, ya ha sido derruida y sobre ese suelo se construirán parte de las viviendas) pero a la que el TSJM no permitió participar en el proceso judicial. El tribunal estima el recurso de la cervecera y obliga al TSJM a repetir el proceso desde el principio; no entra a juzgar así el fallo emitido el 20 de enero de 2012. En cuanto al futuro de la operación urbanística, la decisión del Supremo lo allana al dar una segunda oportunidad para lograr su visto bueno judicial, cuando además ha cambiado la legislación autonómica que llevó a los magistrados a anularla hace dos años. Además, como ha recalcado el Ayuntamiento, el Supremo no suspende las actuaciones en marcha. El gobierno municipal (PP) está tramitando ya un nuevo plan urbanístico en el ámbito, que prevé la construcción de dos rascacielos de 36 pisos, ocho bloques de pisos y un gran parque. 

El TSJM anuló en su sentencia de 2012 el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (entonces y ahora, en manos del PP) del 29 de diciembre de 2009 que validaba la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 en el ámbito del estadio y la antigua fábrica de cerveza. En opinión de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la operación no se ajustaba a derecho al permitir la construcción de torres de viviendas de hasta 17 pisos cuando la ley regional prohibía edificar más de cuatro alturas.

El Ayuntamiento, gobernado entonces por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), firmó en 2008 un convenio con el Atlético de Madrid para que se trasladara al estadio municipal de La Peineta, “infrautilizado” y “en un importante estado de deterioro”, según el propio gobierno municipal, desde su inauguración en 1994. El club se comprometió a comprar la parcela de San Blas sobre la que se asienta La Peineta (por 41,2 millones), a derruir el estadio y hacer otro nuevo (con un presupuesto de 195 millones).

Para pagarlo, el Atlético se alió con Mahou y firmó en junio de 2010 un acuerdo con Fomento de Construcciones y Contratas; esta empresa se encargaría de derribar el Vicente Calderón y la cervecera para levantar 2.000 viviendas en su lugar, y de derribar La Peineta y construir el nuevo estadio sobre esa parcela. Además, soterraría el tramo de la autovía M-30 junto al Calderón para completar el parque Madrid Río (la constructora asumiría un 57% del coste, estimado entre 80 y 150 millones; el resto, correría a cargo del Ayuntamiento).

El Ayuntamiento aprobó en octubre de 2009 la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para reformar el área, con los votos del PP (que tenía, como ahora, mayoría absoluta) y la abstención de socialistas e IU (UPyD no tenía entonces representación en el pleno municipal). El Gobierno regional sancionó el proyecto dos meses después, pero la Asociación Señales de Humo (integrada por seguidores del Atlético de Madrid críticos con la gestión del club) lo recurrió judicialmente.

El TSJM le dio la razón en virtud al incumplimiento de la limitación de alturas. La expresidenta regional Esperanza Aguirre (PP) había añadido en 2007 un artículo (el 13) a la Ley del Suelo aprobada en 2001 por Gallardón (entonces al frente del Gobierno autonómico). Rezaba: “No podrá edificarse con una altura superior a tres plantas más ático (...). No obstante, los Ayuntamientos podrán autorizar la construcción de edificios singulares con una altura superior, cuando concurran circunstancias especiales debidamente apreciadas y motivadas”.

Para mitigar el impacto, Aguirre incluyó una disposición transitoria: la limitación solo sería de aplicación en los planes urbanísticos aprobados a partir de la entrada en vigor de la norma. Es decir, todos aquellos que ya contaran con el visto bueno municipal, aunque fuera provisional, podrían seguir adelante sin restricciones.

Cuando el TSJM tumbó la operación urbanística al considerar que las torres de hasta 17 pisos proyectadas incumplían esta disposición, Aguirre se negó a cambiar la ley. El Ayuntamiento, el club y la cervecera recurrieron entonces ante el Supremo. Pero Aguirre dejó la presidencia regional en septiembre de 2012, y fue sustituida por su hasta entonces ‘número dos’, Ignacio González. Este incluyó en abril de 2013 en la Ley de Patrimonio Histórico un nuevo párrafo que alteraba la mencionada disposición transitoria de la Ley del Suelo aprobada por Aguirre: “En todo caso, no será de aplicación dicha limitación al suelo que estuviera clasificado como urbano antes de la entrada en vigor de la Ley 3/2007, ni a las futuras modificaciones o revisiones de planeamiento que se tramiten sobre el mismo ni a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a dicho suelo”.

La limitación de alturas de Aguirre dejó así de afectar al suelo que ya era urbano en el momento de la aprobación de la ley, se hiciera lo que se hiciera en él. Es decir, dejó de afectar a la operación del Calderón. La sentencia del TSJM ya estaba dictada, pero la intención del Ayuntamiento y del club era que el Supremo sí tomara en cuenta este cambio normativo. Ahora el Supremo ha obligado al TSJM a repetir el proceso judicial desde cero, debido eso sí a un defecto no relacionado con el fondo del asunto. El Ayuntamiento confía en que los magistrados tengan en cuenta ahora, en la repetición del proceso, el nuevo cambio normativo: “Habrá que esperar a lo que determine la nueva sentencia del TSJM tras emplazar a Mahou, pero se debe tener en cuenta que la cuestión de fondo ha sido resuelta por la propia legislación de la Comunidad de Madrid, al haber introducido en 2013 una modificación en la regulación de las alturas, dejando claro que esta limitación de altura sólo se aplicará a los nuevos desarrollos de suelo urbanizable, nunca a aquellos que se lleven a cabo en suelo urbano, que es el caso, como se ha dicho, de los suelos del ámbito”.

Sin embargo, el abogado de Señales de Humo, Francisco Estévez, cree que el TSJM debe atenerse a la legislación anterior al cambio para juzgar su demanda, y recuerda que ni ellos ni el Ayuntamiento ni el club pueden cambiar sus posiciones. Mahou, sin embargo, si puede dar la suya y aludir al cambio legal en ella.

El Ayuntamiento prevé que las obras en el ámbito se realicen en tres fases: comenzarán el año que viene, cuando estén concluidos todos los trámites administrativos y si la justicia lo permite, y estarán concluidas en 2022 o 2023. Se iniciarán en el área más apartada del río, que ya está completamente urbanizada, para que FCC pueda ir comercializando los bloques a medida que se concluyan y así aliviar el coste de esta obra y de La Peineta. El Atlético tiene previsto mudarse a su nuevo estadio en 2016.