Otra caza de brujas en la Generalitat

El clima de desconfianza y desafección se ha instalado en el núcleo duro del Consell a menos de ocho meses para las elecciones. La filtración de que un asesor del vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, fue interrogado en comisaría el pasado mes de julio por el responsable de seguridad del presidente de la Generalitat y alto cargo de la Policía Autonómica ha desatado un gran malestar en el seno del Gobierno valenciano.

El interrogatorio del asesor, que tuvo lugar durante varias horas, se realizó con el supuesto objetivo de intentar desenmascarar al topo de la Generalitat y cegar la fuente que, desde mayo de 2013, hizo públicas la contratación de un preparador de liderazgo para Fabra, de un cocinero en Presidencia y de distintos documentos contables, entre los que figuraban una nómina del jefe del Consell y distintos cargos autorizados por la secretaria autonómica de Organización, Esther Pastor.

La actuación policial, que hasta ahora había permanecido en secreto, tensionó aún más las relaciones entre el vicepresidente José Ciscar y el jefe del Consell. Ayer, ningún responsable político quiso asumir responsabilidad alguna en la actuación del alto cargo de la Policía Autonómica. La consejera portavoz, María José Català, remitió a la Consejería de Gobernación como departamento responsable de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana.

El consejero de Gobernación, Luis Santamaría, explicó horas más tarde que había dado orden de que se abra “un expediente informativo de carácter reservado para verificar si los hechos se han producido”. “Cuando tengamos claro lo que ha sucedido haremos públicas las conclusiones del informe”, aseguró Santamaría, que indicó que la investigación se la ha ordenado al jefe de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional.

Santamaría pide un informe reservado al jefe de la unidad policial adscrita

En el entorno del presidente de la Generalitat indicaron que, si ha habido alguna irregularidad, Fabra está dispuesto a llegar hasta el final.

Fuentes conocedoras del incidente que ha envenenado las relaciones dentro del Consell indicaron que existe, incluso, un acta notarial levantada por el asesor de vicepresidencia donde relata las presiones a las que fue sometido durante el interrogatorio en previsión de que el escándalo acabase finalmente por estallar.

El vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, reiteró ayer que ninguno de sus colaboradores “se ha comportado nunca ni con deslealtad ni, por supuesto, desde la ilegalidad”. “Pensar lo contrario, me parece hasta ridículo”, dijo Ciscar, que recordó que ya hubo una investigación interna en la que “se demostró que ninguna de estas personas tenía absolutamente nada que ver en aquellas filtraciones”.

Esta nueva caza de brujas en Presidencia de la Generalitat tiene lugar después de la registrada a principios de este mismo año, cuando el subsecretario de Presidencia, Rafael Sánchez Pellejero, ordenó a una persona de su confianza que interrogase a los funcionarios que intervinieron en la cadena de custodia de la documentación filtrada.

Ciscar, distanciado del equipo de Fabra, defiende a sus colaboradores

Entonces fue una exdirectora general del PP quien interrogó a una decena de funcionarios, a los que se les grabó la declaración y se les pasó a la firma. Con el escándalo, y la decisión de la fiscalía de archivar la denuncia de la Abogacía de la Generalitat por las filtraciones, se cerró el caso y acabaron los interrogatorios.

La participación de la Policía Autonómica en la caza del topo elevó ayer la temperatura varios grados en el seno del Consell. Sobre todo, en los despachos de los asesores donde se empezó a especular, incluso, con la posibilidad de que se hubiesen espiado correos electrónicos y las llamadas de los teléfonos corporativos.

Algunas fuentes apuntaron al celo de la secretaria autonómica de Organización, Esther Pastor, en la defensa de la imagen de Fabra como el inicio del despropósito en el que se ha convertido la caza del topo del Palau. Un episodio que hasta la fecha se ha cobrado la dimisión de un subsecretario de Presidencia (Jesús Marí) y la destitución del primer equipo de prensa del presidente que lideraba Paula Meseguer.

A raíz de las facturas de hoteles y gastos autorizadas por Pastor la autodenominada Asociación Valenciana contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana interpuso una querella contra la secretaria autonómica que todavía está pendiente de resolución. La citada asociación se evaporó el pasado mes de agosto, apenas un año después de presentarse en sociedad.

En medio del clima de confusión interna, otras fuentes del Gobierno valenciano relacionaron la filtración del interrogatorio realizado en julio al asesor del vicepresidente José Ciscar con la marcha del presidente de las Cortes, Juan Cotino, que hoy explicará su decisión al Comité Ejecutivo Regional del PP.

Según estas fuentes, la política de tolerancia cero contra la corrupción esgrimida por el jefe del Consell le habría creado no pocos enemigos en el seno del PP dispuestos a desestabilizarlo para que no sea ratificado como candidato a la presidencia de la Generalitat el año que viene.