El acusado de matar y decapitar a su pareja y a su hijo niega el crimen

La Audiencia de Huelva acoge estos días el juicio a Genaro Ramallo, acusado de la muerte en 1993 de su mujer M.C.E., y de su hijo de 10 años, cuyos cuerpos fueron hallados en 2011 en una finca en Almonaster la Real (Huelva). Ramallo, según la acusación, drogó a su pareja y a su hijo con sedantes y analgésicos para dejarlos indefensos. Después los decapitó y los envolvió por separado en bolsas y en un saco de dormir arrojándolos en un pozo de una finca de su propiedad en Almonaster (Huelva) durante los días 21 y 22 de agosto de 1993. Hoy ha negado ante el juez los hechos que le imputan.

Ramallo fue detenido el 21 de septiembre del 2011 en los alrededores de Toulouse (Francia) y, un mes más tarde, el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva decretó prisión incondicional, comunicada y sin fianza por el presunto doble homicidio, quien se negó a declarar.

Hoy si ha respondido para negar los hechos a su letrado, Álvaro Aznar, a quien ha asegurado que no mató ni a M.C.E., su pareja sentimental en aquellas fechas, ni al hijo de ambos. Ha indicado que comenzó su relación con M.C.E. a su regreso de Alemania y que ha tenido "relaciones multiplicadas" con dos o más mujeres.

Ramallo ha asegurado que "nunca agredió" ni a su pareja ni a su hijo, aunque ha admitido que cree en la educación basada en la disciplina, y que se fue a Tolousse (Francia) cuando acabó la relación con la víctima.  "Mi pareja en esos momentos me echó y una amiga me ofreció su casa y acepté", ha afirmado.

Durante las cuestiones previas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, la defensa ha pedido la nulidad de la entrada y registro en la finca de Almonaster (Huelva), de la toma de muestras de ADN y de las intervenciones telefónicas por "falta de motivación material" y por haberse realizado sin asistencia letrada.  La Fiscalía y la acusación particular han negado los argumentos de la defensa y se han opuesto la anulación de pruebas.

Tras las cuestiones previas y el interrogatorio del procesado, se celebrarán ocho jornadas más durante las que pasarán ante el tribunal 30 testigos y 27 peritos.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, en sus escritos de calificación, solicitan para el acusado un total de 40 años de cárcel por dos delitos de asesinato con el agravante de parentesco (20 por cada uno) y el pago de una indemnización al padre de la fallecida de 103.000 euros en el primer caso y que se eleva hasta los 400.000 euros en el segundo.