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TRIBUNA

Las joyas de la corona

Es hora de preguntarse si los gobernantes de Madrid están a la altura de las circunstancias y de las expectativas que Madrid merece

La crisis se ha convertido en la excusa idónea para que la derecha neoliberal y sus acólitos partidarios de la desregulación económica acometan el mayor ataque contra el estado de bienestar desde la II Guerra Mundial. Este proceso, que comenzó como una disfunción del sistema financiero, se ha transformado en una crisis sistémica empeñada en quedarse, por mucho que el PP esgrima florituras verbales para tratar de camuflar la dureza de lo cotidiano.

Uno de sus efectos colaterales es la merma de patrimonio público para obtener ingresos extra que equilibren las cuentas públicas. En otras palabras: vender lo que es de todos a precio de ganga. Este mercadillo patrimonial, que ha permitido excelentes negocios privados a costa de lo público, evidencia el nulo respeto de algunos responsables públicos por los bienes de la ciudadanía, que es precisamente por lo que deben velar.

En Madrid, el PP ha puesto en venta una parte importante del patrimonio a pesar de que el momento no es propicio para negocios inmobiliarios y aunque no sea sino una tirita sobre la herida profunda de la deuda. Enajenar patrimonio al estilo del PP no soluciona el problema financiero de la ciudad pero sí merma los bienes públicos de los madrileños.

Así ha sucedido en el edificio blasonado del siglo XVII de la Corredera Baja de San Pablo, en el que el Ayuntamiento de Madrid había anunciado viviendas sociales. En 2011 y sin haber hecho nada, lo sacó a subasta por 11 millones de euros, que bajaron a 4,7 millones un año después. Finalmente, ha sido vendido por dos millones. ¿Qué pierden los ciudadanos? Prácticamente todo: patrimonio, viviendas, dinero y oportunidades. Los únicos que ganan son los que adquieren a precio de saldo un edificio histórico.

Lamentablemente ese expolio también se produce en otros distritos, como el de Chamberí, donde el patrimonio de todos es vendido o subastado. La enajenación de los recursos públicos acumulados durante años —en algunos casos podríamos remontarnos a la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX— ha sido realizada desde un punto de vista meramente economicista. En Madrid se practica con soltura el honor al déficit cero y a la austeridad, aunque ese ejercicio obvie cualquier otra consideración relacionada con el bienestar de la ciudadanía.

En términos urbanísticos es Chamberí uno de los distritos más compactos de Madrid. Su situación e historia son en gran medida los responsables. Pero la evolución urbanística también ha propiciado que una gran parte de su patrimonio público parezca obsoleto o inadecuado para las funciones hasta ahora desarrolladas.

Edificios y solares subastados por el Ministerio de Defensa, algunos tan señeros como el Taller de Precisión de la calle Raimundo Fernández Villaverde; instalaciones del Canal de Isabel II destinados al negocio privado deportivo; o cocheras de Metro en Cuatro Caminos son algunos de los ejemplos de ese vaciamiento del patrimonio público. Lo único cierto es que, además de perder recursos de las administraciones públicas, se está perdiendo la ocasión de hacer ciudad. Una visión de conjunto de todos estos activos, además de racionalizar su venta y no hacer caer aun más los precios por exceso de oferta, hubiera permitido realizar operaciones urbanísticas que esponjaran el distrito, además de dotarle de los equipamientos en los que es deficitario.

Sería necesario que revirtiera en el distrito los beneficios de una operación de este calado, y no hablo sólo en términos económicos sino en mejora de los estándares actuales de calidad de vida (ocio, equipamientos, zonas verdes).

Pero la alicorta visión economicista de nuestros gestores —interesada en algunos casos— ha impedido que la desamortización de bienes públicos revierta de forma directa sobre los vecinos. En mayo de 2015 tenemos la oportunidad de cambiar esa situación, retirando del timón a aquellos que han demostrado su incapacidad y desinterés para gestionar lo que es de todos y han pervertido el fin primordial de la política, que consiste en impulsar el bien común al apoyar la ansiedad depredadora de algunos mercados. Es hora de preguntarse si los gobernantes de Madrid están a la altura de las circunstancias y de las expectativas que Madrid merece.

Diego Cruz Torrijos es viceportavoz del grupo municipal socialista y secretario de la ciudad de Madrid del PSM.

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