La mancha se extiende en Sanxenxo

Desde que el 1 de marzo de 2011 el Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados incoase diligencias por las denuncias de tres vecinos de Sanxenxo a los que el Ayuntamiento les había denegado licencia de construcción, el proceso ha dado un vuelco al aumentar la lista de imputados y dividirse en cinco procedimientos. A la espera de lo que decida el ministerio fiscal —si redacta su escrito de acusación o solicita más medios de prueba— el balance ya es de 19 personas implicadas, entre políticos, técnicos y constructores.

 Lo que en principio parecía una simple denuncia administrativa entre los cientos de expedientes urbanísticos para edificar que se tramitaron en Sanxenxo en la pasada década, el caso puso en evidencia los excesos de un urbanismo incontrolado en el epicentro turístico de las Rías Baixas. Sin embargo, el PP local, que se encuentra en la diana de todos los dardos, cree que detrás de las denuncias están antiguos miembros y desertores del partido contrarios a la candidatura de la alcaldesa popular, Catalina González, una de las imputadas en este proceso, y aunque acabó repitiendo mandato tras los anteriores ya anunció que no se presentará a la tercera reelección en 2015.

Con los responsables del urbanismo local desde 2006 tocados por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y contra la ordenación del territorio y de la administración pública , el caso ha pasado el ecuador de unas complejas diligencias que se han ido ampliando de forma exponencial al numeroso elenco de imputados. Ahora, la causa podría iniciar su recta final cuando la Audiencia Provincial de Pontevedra resuelva los recursos presentados por la parte demandada contra el auto del juez por el que acordó instruir por separado las cinco licencias investigadas que ponen en entredicho la actuación de la cúpula de la Xerencia de Urbanismo, ya desaparecida en mayo pasado después de 11 años gestionando la oferta y la demanda de una descomunal burbuja inmobiliaria.

Algunos imputados aparecen implicados en varias causas. Es el caso de Encarnación Rivas, actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta, que dirigió esta área en Sanxenxo durante los últimos años del gobierno del anterior regidor, Telmo Martín, también del PP, el creador de la Xerencia de Urbanismo. Uno de los dos asuntos que afectan a Rivas se refiere a la licencia de dos polémicos bloques de viviendas construidos en la calle Progreso por la constructora Balboa y Chan, con nueve imputados. Este es uno de los casos más paradigmáticos porque, mientras se instruían las diligencias contra prácticamente todos los responsables de la antigua Xerencia de Urbanismo, se decretó el derribo del inmueble que ahora acaba de aplazar el tribunal contencioso administrativo de Pontevedra hasta que no se resuelva el incidente de paralización promovido por el Ayuntamiento. La demolición ya ha sido adjudicada por 150.000 euros aunque los constructores, también imputados, y varios propietarios han reclamado la devolución de su patrimonio al Ayuntamiento. El otro asunto que salpica a la actual responsable de Urbanismo de la Xunta es la pieza separada número cinco, abierta por presuntas irregularidades en la legalización de un chalé en la playa de Montalvo y por la que está igualmente imputada María Soledad Leiro, exconcejal de Urbanismo.

Leiro aparece además en otras dos causas. También estám doblemente imputados la alcaldesa; el que fuera gerente de Urbanismo y actual arquitecto municipal, Rafael Vázquez Abal; la asesora de urbanismo, Ana Belén Louro; y el arquitecto técnico municipal Pablo Guío del Amo. Guío, que se apartó una larga temporada del Ayuntamiento por estrés aunque ya se ha reincorporado, está imputado en tres causas, una de ellas junto a su mujer, al ser la promotora de las obras ilegales que hizo en su chalé de Sanxenxo.

Pese a la inesperada repercusión política que ha lastrado el caso, los tres denunciantes que dieron origen a estas investigaciones (los hermanos Valentina y Manuel Afonso Martínez y Francisco Otero Vázquez) no tienen abogado, por lo que no han ejercido por ahora la acusación particular ni parece que vayan a hacerlo, según las fuentes consultadas, por lo que el futuro procesal de los imputados solo depende del criterio del juez y el fiscal con las pruebas que se han recabado.

El representante del PSdeG en la comisión de urbanismo —el órgano que heredó las competencias de la extinta gerencia y en la que tienen voz los tres partidos de la oposición— ha denunciado la licencia “bajo sospecha” que concedió este año el Ayuntamiento y que solicitó el marido una de las denunciantes, Valentina Afonso, después de negársela sistemáticamente, una medida que acabó siendo uno de los detonantes del proceso judicial.

En donde se había denegado la construcción de una vivienda, en el lugar de A Barrosa, el Ayuntamiento concedió licencia para almacén de aperos de labranza. La oposición cree que es una solución “solapada” porque infringe las ordenanzas debido a las características del proyecto. El PSOE ha exigido explicaciones a la alcaldesa para que aclare el expediente y que se haga un seguimiento exhaustivo de las obras. Quiere saber por qué un proyecto que antes era ilegalizable ahora no lo es.