Los socialistas quieren ser acusación

El Partido Socialista de Madrid (PSM) anunció que se personará como acusación en la causa abierta por el presunto uso fraudulento de tarjetas de crédito opacas por consejeros y altos cargos de Caja Madrid y Bankia entre 2003 y 2012. “Se va a actuar con contundencia y muchísima celeridad. En el PSOE de Pedro Sánchez no caben irregularidades”, afirmó el líder del PSM, Tomás Gómez, en referencia al secretario general socialista.

Pese a ello, Ángel Gómez del Pulgar, que gastó 149.700 euros, seguía ayer formando parte de la ejecutiva regional socialista. Tomás Gómez, secretario general del PSM desde 2007, le incluyó en ese órgano interno en 2012, cuando Gómez del Pulgar todavía era secretario general del partido en el distrito de Ciudad Lineal. Su esposa es secretaria de Organización del PSM en ese mismo distrito madrileño. “Lo primero que ha hecho el PSOE es abrir expedientes informativos para que cada uno se explique individualmente y caso a caso”, observó Gómez. “A partir de ahí, contundencia absoluta”, zanjó. Otros responsables socialistas afectados son Francisco José Pérez Fernández (122.600 euros), Jorge Gómez Moreno (98.200) y José Acosta (62.300).

Izquierda Unida pidió que la Asamblea autonómica abra una comisión de investigación. Gregorio Gordo, su portavoz en el Parlamento regional, afirmó que la formación “ha sido, es y será intolerante con cualquier irregularidad”, y pidió “celeridad” a la justicia. “Debe conocerse por parte de esta Cámara el control que desde Caja Madrid primero y Bankia después, se ejercía sobre el uso de estas tarjetas”, insistió.

IU reclamó que “se exija a los consejeros que reembolsen lo gastado, ya que lo que pudiera ser legal, es sin ningún género de dudas incompatible con principios éticos”. El listado de altos cargos que hicieron uso de esas tarjetas incluye a dos pesos pesados de IU en esa época: Rubén Cruz (233.700 euros), miembro de la Comisión de Control de la caja, que solicitó la baja de IU hace un año, y José Antonio Moral Santín, del Consejo de Administración, que gastó 456.500 euros y dejó la militancia en 2012.

La diputada regional Libertad Martínez defendió “la presunción de inocencia de todo el mundo”, pero “jamás prácticas que como poco son éticamente reprobables”.

El portavoz de UPyD en la Asamblea, Luis de Velasco, también exigió que el Parlamento regional investigue el uso de las tarjetas fantasma: “Me parece lamentable, es un desfalco organizado y con dinero negro... Pedimos, independientemente de la vía judicial, que se investigue algo de lo que ha pasado allí, que ha sido muy grave".