El PP llevará al Parlamento vasco la reforma de la ley de ayudas sociales

El debate de las ayudas sociales lleva coleteando todo el verano, desde que el alcalde de Vitoria Javier Maroto dijera que magrebíes y argelinos "viven de ayudas", y alcanzará el Parlamento vasco. Así lo ha confirmado este viernes la portavoz del PP en la cámara de Vitoria, Laura Garrido, que ha asegurado que llevarán en las próximas semanas una proposición para reformar la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social (RGI), ya modificada en 2011 con el acuerdo de su partido.

La parlamentaria ha criticado la "ineficiencia e irresponsabilidad" de Lanbide en la labor de control de "pagos indebidos" y en la gestión de la ayuda, gestionada por el Gobierno vasco, a quien ha reprochado que "este sistema no funciona. Garrido plantea que el sistema "sea más equitativo, justo y eficiente" y "estén las personas que realmente tiene que estar".

Ha abogado porque la RGI se oriente a la búsqueda activa de empleo para evitar la "cronificación" de los perceptores y por incluir "puertas de salida" del sistema, al tiempo que ha apostado por "reforzar" los mecanismos de control para evitar "cobros indebidos". El pasado julio, la prestación que entrega una renta mínima a las familias que cumplan una serie de condiciones, alcanzó, con 65.568 beneficiarios, su cifra más alta.

Este servicio de prestación que el PP critica ya se endureció en 2011, cuando la reforma impulsada con los votos del PSE, entonces al frente del Gobierno Vasco, y el propio PP, impuso que solo pudieran acceder a la RGI los ciudadanos que llevaran empadronados más de tres años. Hasta ese momento, era suficiente con seis meses. El PP pedía entonces un mínimo de cinco años para tener derecho a esa ayuda, algo que podría volver a defender en esta ocasión.

Garrido no ha querido, sin embargo, detallas ninguna de sus propuestas, si exigirán más años de empadronamiento para acceder a las ayudas, si rebajarán las cuantías o si establecerá un límite temporal para su percepción, como planteó el diputado general alavés, Javier de Andrés.