El corredor mediterráneo y las economías valenciana y española

En un sistema económico como el actual, en continua transformación económica, tecnológica e institucional, las ventajas con que cuenta una economía pueden desaparecer si no hay un comportamiento proactivo a nivel político. Es lo que puede ocurrir con la economía valenciana si no mejora pronto la accesibilidad ferroviaria a Europa. Por el contrario, una actuación decidida que haga posible el tráfico de mercancías en ancho europeo en el período previsto (2015 en Castellón y Valencia y 2016 en Alicante) y complete el Corredor Mediterráneo lo antes posible técnicamente, no sólo reforzaría la actual internacionalización de la economía valenciana sino que la impulsaría y diversificaría.

La aspiración de Pro-AVE era que al menos el tercer carril estuviese en funcionamiento entre Alicante y la frontera francesa en 2016. Pero la marcha de las obras y la escasa atención que el gobierno de España presta a una obra de trascendental relevancia económica como esta, nos hacen dudar del futuro del Corredor Mediterráneo en cuanto a los tiempos y la forma. En un momento en que se han relajado las presiones presupuestarias, según reconoce el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y que la creación de empleo, la reindustrialización del país, el cambio de modelo económico y la internacionalización de la economía pasan a ser los objetivos prioritarios del gobierno, el no situar la pronta ejecución del Corredor Mediterráneo en el centro de la agenda política del ejecutivo, además de constituir un incumplimiento a la palabra dada y a los compromisos asumidos por el Ministerio de Fomento, resulta incoherente y descorazonador.

En primer lugar porque se trata de una inversión con un claro retorno. En segundo término porque tiene un importante efecto expansivo sobre el conjunto de la economía valenciana y nacional. En tercer lugar porque es un eje prioritario del sistema europeo de transporte, contando con financiación comunitaria. Y por último, pero no menos importante, porque cuadra perfectamente con los criterios de la propuesta del plan de acción económica del nuevo presidente de la Comisión Europea de inversión en I+D, infraestructuras y transporte que generen un retorno. El que estos argumentos no sean tenidos en cuenta en Madrid denota poca coherencia estratégica o desinterés por el futuro de esta Comunidad y de España.

Para la economía productiva valenciana, especialmente la del sector agroalimentario, automovilístico e industrial, la accesibilidad ferroviaria en ancho europeo a nuestro principal mercado supondría un ahorro en coste de unos tres céntimos de euro por kilo de productos agrícolas, un promedio de unos 300 euros por automóvil y en torno a un 30% en el coste de transporte de productos industriales. Sin olvidar la eliminación de barreras generadas por la nieve en invierno, que obstaculiza el acceso a los mercados del centro y este de Europa.

Con esta política estos ahorros, que mejorarían la posición competitiva de unos productos para los cuales el coste de transporte es en muchos casos tan alto como el de la mano de obra, no solo no se darán, sino que los costes se verán incrementados con el aumento del precio del combustible, una política ambiental cada vez más rigurosa y la implantación de la euro-viñeta.

En suma, de cómo avance la construcción del Corredor Mediterráneo dependerá la evolución de las exportaciones valencianas y la capacidad de internacionalización de nuestro actual sistema productivo. Sin olvidar el rol que para el desarrollo del sector turístico tiene el desdoblamiento del tráfico de pasajeros y mercancías y la alta velocidad entre Tarragona y Alicante, que sigue durmiendo el sueño de los justos, cuando otras líneas de mucha menor trascendencia económica van a recibir 5000 millones de inversión de Adif para 2014 y 2015.

Pero la relevancia del Corredor Mediterráneo para la evolución de la internacionalización de la economía valenciana, y por derivación la española, no depende sólo de estos efectos. La implantación del ancho europeo para tráfico de mercancías, la separación entre tráfico de mercancías y pasajeros en el eje Mediterráneo y la posibilidad de tránsito de convoyes de mercancías de más de 500 metros, abre una gran oportunidad: la desviación de parte del tráfico de mercancías entre Asia y el norte de Europa que hoy tiene que seguir por vía marítima hasta los puertos del norte del continente. Por esta nueva vía, teniendo al puerto de Valencia, el más importante de España en tráfico de contenedores y el mejor posicionado en las grandes rutas transoceánicas que pasan por el Mediterráneo, como punto de tránsito y al ferrocarril como medio de transporte, se pueden ahorrar tres o más días en el tiempo de transporte de las mercancías que circulan entre aquellos dos espacios.

El impacto económico para la Comunidad Valenciana y España de este nuevo itinerario seria múltiple y muy significativo. La actividad logística y otros diversos servicios se verían significativamente impulsados por dicho tráfico. Pero lo más importante es que serían actividades exportadoras en la medida que aportan valor a bienes en tránsito. Es decir, se daría un considerable impulso a la actividad exportadora y la internacionalización de España.

A esto hay que unir el que la constitución de los puertos de la comunidad valenciana en punto obligado en el tráfico de mercancías entre Asia y el norte de Europa aporta un factor de atracción para la implantación de actividades de transformación cuyo destino fundamental es el mercado exterior.

Si lo que el país necesita es reactivar la economía impulsando inversiones rentables y que generen un retorno, como defiende con mucha lógica el ministro de Economía y Competitividad, D. Luis de Guindos, crear empleo e impulsar la internacionalización del sistema productivo, resulta imprescindible introducir racionalidad en la agenda del gobierno, orientando sus políticas, en especial la de infraestructuras, hacia estos cometidos. El ministerio de Economía y Competitividad debería tener voz y voto en la política de infraestructuras, y ésta ajustarse a la estrategia económica del gobierno. En caso contrario el desperdicio y la incoherencia serán la nota distintiva de la política económica española, en perjuicio del país y de los sufridos ciudadanos.

Federico Félix es el presidente de la Fundación PROAVE.