La fiscalía pide inhabilitar a tres consejeros de Camps por Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado inhabilitar a tres exconsejeros valencianos de los Gobiernos de Francisco Camps a los que acusa de haber prevaricado para adjudicar contratos a la trama Gürtel. Se trata de Alicia de Miguel (nueve años de inhabilitación) Manuel Cervera (ocho) y Luis Rosado (siete). La fiscalía pide que el líder de la red, Francisco Correa, y los cabecillas Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, sean condenados a 10 años de prisión. Y reclama penas que van de la inhabilitación a los siete años de cárcel para 18 cargos intermedios y empleados de la Generalitat. Entre ellos figura David Serra, que también ha sido diputado popular en las Cortes Valencianas, cargo al que renunció recientemente.

Anticorrupción les atribuye, además del delito de prevaricación, los de tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos y fraude.

La trama, afirman los fiscales, se valió de las “especiales relaciones” tejidas con las autoridades valencianas para conseguir "numerosos contratos públicos con diversas consejerías de la Generalitat Valenciana y con organismos y empresas públicas dependientes de la misma”.

Para ello “realizaron toda una serie de actuaciones tendentes a vulnerar” las leyes de contratación de las Administraciones y “alterar los documentos necesarios para conseguir tal finalidad”, sigue Anticorrupción.

La red logró contratos que la fiscalía considera irregularmente adjudicados, además de en nueve consejerías, en una fundación, cinco sociedades y dos agencias públicas.

Entre los métodos empleados por la Administración y la red de Correa para asegurarse las adjudicaciones evitando la competencia, los fiscales mencionan el “centrifugado de la facturación”. Este sistema consistió “en el reparto de la facturación emitida entre diferentes órganos, dentro del entramado complejo de la Administración” de modo que se “imposibilitase la relación entre las mismas”. “O con el recurso del sistema de pago de las facturas por caja fija”, pensada para el abono de “suministros” y “no para el pago de contratos de grandes eventos o de elevada cuantía económica”, señala el escrito remitido al juez instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, José Ceres.

Como en otras ramificaciones del caso Gürtel —el TSJ mantiene abiertas seis piezas separadas— las mayores penas en las filas de la Administración se solicitan, en general, para los cargos medios e inferiores. La investigación acumula contra ellos más evidencias, como correos electrónicos, porque presuntamente se encargaron de los detalles en el amaño de los contratos. A diferencia de otros macroprocesos de corrupción, como el Palma Arena, a pesar de la generalización de las supuestas adjudicaciones trucadas a lo largo y ancho de la Generalitat, en pocos casos empleados y cargos del segundo y tercer escalón imputados han declarado haber recibido órdenes de autoridades superiores concretas.

La fiscalía pide siete años de cárcel para Juan Miguel Bellver, exdirector de Vaersa, y Antonio Santo Juan, jefe de comunicación en la misma empresa pública de medio ambiente. Cinco años y medio para Carmen Díaz Quintero, gerente de la fundación La Luz de las Imágenes. Cuatro años y siete meses de prisión para Vicente Farnós, exsubdirector de Castelló Cultural. Tres años para Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, exdirector del gabinete jurídico de Vaersa. Cuatro años para Enrique Bort, exjefe de gabinete de Sepiva. Y seis meses de prisión para el excargo en varios departamentos José Manuel Vidal.

Al resto de acusados de la Generalitat la fiscalía pide que sean inhabilitados durante largos periodos. Entre ellos figuran Dora Ibars, exdirectora de Promoción Institucional. Silvia Caballer, exdirectora general. Y Arantxa Vallés, exresponsable de la Sociedad Gestora para la Imagen de la Comunidad Valenciana.

Los socialistas valencianos solicitan por su parte tres años y cuatro meses de prisión para la exconsejera de Bienestar Social De Miguel y para el exdiputado Serra, también imputado por la supuesta financiación ilegal del PP. Y un año y cuatro meses de cárcel para los exconsejeros de Sanidad Rosado y Cervera. El PSPV pide también para los cuatro largas penas de inhabilitación.