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El BNG denuncia la venta de bienes de Caixa Galicia a la esposa de Méndez

Los nacionalistas la acusan de comprar a la entidad pisos a bajo precio

La documentación que llegó de forma anónima a la CIG es amplia (156 folios) y “tiene todos los visos de ser auténtica”, por lo que el BNG no ha dudado en llevarla al Parlamento, para que se investigue hasta sus últimas consecuencias, lo que ha denominado “una presunta operación de saqueo” del patrimonio de la antigua Caixa Galicia por parte de quien la dirigió durante casi tres décadas, José Luis Méndez López, de su esposa y de uno de sus hijos. Los nacionalistas han pedido la reapertura de la comisión parlamentaria de investigación del proceso de fusión de las antiguas cajas, que lleva un año pendiente de elaborar sus conclusiones, para determinar la veracidad de los documentos que apuntan, destacó el portavoz del Bloque, Francisco Jorquera, a “supuestos delitos muy graves”. Si la Cámara no interviene, los documentos, copias de escrituras e informes de tasaciones, serán remitidos al fiscal.

En vísperas y durante el proceso de fusión con Caixanova, anunciada por la Xunta en marzo de 2010 y que se hizo efectiva en noviembre de ese año, la esposa de Méndez, Rosa Vicente Matilde Pascual Monzó, adquirió a Corporación Caixa Galicia, entonces presidida Méndez y dirigida por su hijo José Luis, cinco pisos, un bajo comercial y ocho plazas de garaje en Santiago y A Coruña. Pagó al contado en total, según consta en las copias de las escrituras difundidas ayer por los nacionalistas, 1.528.200 euros. Un precio inferior en 285.055 euros al fijado por esas propiedades en los informes de tasación que realizó la propia entidad bancaria.

Fuentes de la familia Méndez consultadas por este diario no niegan esas compraventas, pero aseguran que no hay irregularidad alguna. La esposa del exdirector de Caixa Galicia decidió acogerse en 2009, según las mismas fuentes, a una promoción de pisos que la entidad ofrecía vender en condiciones preferentes a sus empleados y familiares. Matilde Pascual compró esas propiedades en las mismas condiciones que el resto de la plantilla o allegados, aseguran en su entorno. Y al tener una herencia reciente, decidió pagar al contado renunciando a las condiciones de financiación que la antigua caja ofrecía. Esas operaciones de compraventa pudieron ser supervisadas por la Xunta y por los distintos auditores de la caja, afirma la familia del exdirector.

El matrimonio Méndez realizó ante un notario de Madrid una declaración de separación de bienes en febrero de 2009, diez meses antes de que Pascual Monzó realizase la primera compraventa a la corporación que dirigían su marido e hijo. Fueron dos viviendas y dos plazas de garaje en la céntrica calle de Galeras en Santiago. Pagó 434.332 euros, casi 40.000 menos que el precio de tasación. La familia Méndez asegura que los inmuebles se depreciaron en poco tiempo.

Tres meses después de esa compra, Feijóo anunció la intención de fusionar las dos cajas gallegas. A las cuatro semanas, la esposa de Méndez entregó un cheque para sellar la compra —se cerró en junio— de otras dos viviendas y tres plazas de garaje en un edificio nuevo de la Ronda de Monte Alto con vistas a la Torre de Hércules y al mar. Se ahorró 166.027 euros sobre el precio de tasación. Uno de los pisos, de casi cien metros cuadrados, le salió 95.000 euros más barato. Y las plazas de garaje, casi a la mitad. La tercera y última operación de compraventa se firmó dos días antes de la fusión. Incluyó un piso, un bajo comercial y tres plazas de garaje en el mismo edificio coruñés de tres portales frente a la Torre. Le costaron a Pascual 562.922 euros, casi 114.000 menos que el valor de tasación.

Jorquera, tras examinar la documentación, sostiene que el asunto merece la inmediata reapertura de la comisión parlamentaria de investigación para que Méndez y su hijo vuelvan a comparecer y ofrezcan sus explicaciones. El portavoz del BNG reclama que la Cámara pida originales para comprobar la veracidad de los documentos. Feijóo no los vio, pero aseguró ayer que si hay datos nuevos “relevantes” es partidario de que el Parlamento los “estudie y concrete”.