Gürtel supuso una tercera parte del agujero de Canal 9 en 2006

El gran contrato que la trama Gürtel consiguió en Valencia, la difusión a través de medio centenar de pantallas gigantes de los actos que protagonizaba el Papa Benedicto XVI, representó algo más de una tercera parte de la desviación del gasto en que incurrió Canal 9 aquel año, 2006.

La televisión pública no tenía presupuestada la partida, que fue autorizada expresamente por el entonces director general, Pedro García, por importe de 6.675.000 euros (con impuestos se elevó a 7,4 millones). Ese ejercicio, según los datos del Consejo de Liquidación de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) aportados por la policía al juez que investiga el caso, “se produjo una desviación en el gasto de la Televisión Autonómica Valenciana respecto a lo presupuestado por la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana por importe de 18.991.523 euros”.

Se trató, en todo caso, de una gota en el océano de deuda que acumularon la televisión y la radio pública. Cuando el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, decidió cerrar RTVV el año pasado, la corporación debía 1.200 millones.

La investigación judicial sobre el papel de la trama Gürtel en la visita del Papa apunta a que el contrato de Canal 9 fue un premio de consolación millonario. La red de Correa aspiraba a hacerse con todo el operativo en torno al Pontífice y al V Encuentro Mundial de las Familias. Las primeras informaciones sobre la vinculación entre las empresas de Correa, el PP y las adjudicaciones públicas habrían decidido, según declaraciones de testigos y otros indicios que obran en la causa, a dejar a las empresas de la trama fuera de los grandes contratos.

En ese punto, según la investigación, entraron Canal 9 y García, a los que se decidió encargar la difusión de los actos por medio de las pantallas gigantes. Una contratación de la que se iba a encargar en principio directamente la Fundación V Encuentro de las Familias, integrada por la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación de Valencia y la Iglesia.

La decisión se tomó presuntamente a principios de 2006, pero García, que habría recibido medio millón de euros por su participación en el fraude, optó por esperar unos meses para adjudicar el contrato por la vía de urgencia y soslayar así la competencia.