La Fiscalía pide a Seguridad que eleve la coordinación con otros cuerpos

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cree que uno de los retos para los próximos años en el ámbito de la investigación judicial es mejorar la coordinación de la Ertzaintza con el resto de cuerpos policiales. Aunque el responsable del ministerio público en Euskadi, Juan Calparsoro, dijo ayer no disponer de datos como para asegurar que la escasa conexión haya frustrado operaciones, sí calificó de déficit el estado actual de la colaboración entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Desde la vuelta del PNV al Gobierno y de que la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia se marcara como prioritario el repliegue de una parte de los 4.500 agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional desplegados en Euskadi, los problemas entre cuerpos han ido a más.

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El director de la Policía autonómica, Gervasio Gabirondo, compareció en junio en el Parlamento vasco para denunciar “interferencias” de las FSE en las competencias de la policía vasca que, según dijo entonces, podrían acarrear el “fracaso” de las investigaciones.

El Gobierno vasco entiende que el Estatuto de autonomía y a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado justifican la adecuación de efectivos que solicita, y el Ejecutivo central defiende que los mismos textos legales justifican el trabajo de Policía y Guardia Civil en Euskadi.

El Sindicato Profesional de Policía (SPP), se quejó amargamente ante el director general del cuerpo, Ignacio Cosidó, de que la Ertzaintza es el único cuerpo que funciona sin ningún tipo de coordinación y no utiliza, entre otros protocolos, el sistema de identificación de extranjeros y delincuentes de la Policía, que tiene la competencia de extranjería. De hecho, según denunciaron ese fue el motivo de que dos peligrosos delincuentes fuesen puestos en libertad por el juez hace pocas semanas en Gipuzkoa, cuando sobre ellos pesaban acusaciones y cargos importantes. Según la Policía Nacional, la Ertzaintza —que volvió a detenerlos unas horas después de ser liberados— dio por buena la información que tenía en su propia base de datos y no envió sus huellas dactilares a la Policía Nacional para ser cotejadas.

Calparsoro, posiblemente advertido de que ese tipo de problemas pueden empezar a tener consecuencias sobre la seguridad de los ciudadanos vascos, advirtió ayer de que es momento de dejar de “vivir de espaldas a otros territorios”.

El fiscal jefe explicó ayer que el fin de ETA debiera de propiciar un mejor clima y un mayor grado de colaboración. “Al tener una comunidad pequeña es importante la conexión con todas las policías”, indicó.

Calparsoro presentó ayer la memoria de la fiscalía en la que se pone de manifiesto que si bien los delitos contra la vida han descendido, los que suben son los relacionados en cierta manera con la crisis, como el impago de pensiones alimenticias que en Euskadi crecieron un 44,51%, los de defraudación de fluido eléctrico, y los relacionados con robos y hurtos.

Calparsoro explicó que durante el año 2013, se consolidó el descenso de los procedimientos penales ordinarios, con un total de 115.520 diligencias previas incoadas en el conjunto de juzgados vascos, una caída del 7,50% en relación a 2012 de media. El fiscal explicó que la especialización de los fiscales permite “mejorar la respuesta” ante los delitos. Un camino que se profundizará en el momento en el que se ponga en marcha la fiscalía vasca anticorrupción.