Bienestar retrasa el pago de 17 millones a entidades de infancia y discapacidad

La falta de liquidez de la Generalitat sigue ensañándose con el Estado de Bienestar. El Departamento de Salud anunciaba la semana pasada que no podrá hacer frente a la deuda de las farmacias. Ahora el turno es para las entidades sociales, especialmente las que atienden servicios residenciales para menores o personas con discapacidad. El Departamento de Bienestar confirmó ayer que dejará de abonar 17 millones de euros (el 25% del total de la nómina) correspondientes a los pagos de julio, que se debían cobrar este mes. La Generalitat, sin embargo, asegura que se pagará al menos el 50% de la factura.

La medida afecta a las entidades que trabajan con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Social (ICASS) y la dirección de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El impacto, sin embargo, no será uniforme. Las empresas más grandes serán las que se enfrentarán a recibir solo la mitad del dinero que les corresponde, siguiendo “criterios de proporcionalidad y de la particularidad de cada una para garantizar el menor impacto posible”, según explican desde Bienestar. La nómina mensual para pagar los servicios asciende a 50 millones de euros.

El departamento que dirige Neus Munté especifica que el 13% de las entidades que trabajan con la DGAIA, las que se encargan de los servicios residenciales de acción educativa o los centros de acogida, unas 1.634 plazas concertadas en toda Cataluña, solo recibirán la mitad del dinero. En el caso de las colaboradoras con el ICASS la medida alcanza al 16% de las prestadoras de servicios.

Aspasim, con 10 residencias para 70 personas con discapacidad psíquica en el área de Barcelona, es una de las afectadas. “El viernes nos llegó una carta informándonos que solo nos pagarían 20.000 euros de los 40.000 que nos corresponden”, explica su director, Efrén Carbonell. La fundación tiene una plantilla de 200 personas. “Ahora solo nos queda tirar de los bancos e intentar que los proveedores te ayuden”, se queja. En julio de 2012, una situación similar dejó a muchas entidades al borde del colapso.

Los problemas de pago no afectarán a todos los servicios. Las entidades que trabajan en salud mental, programas de portadores de VIH y atención diurna no experimentarán los retrasos en los pagos, según Bienestar.

Desde el Departamento de Economía explican que los impagos farmacéuticos y de los servicios sociales tienen el mismo origen. Las facturas de ambos no se ha podido incluir en los mecanismos de pago del Fondo de Liquidez Autonómica. Àngels Guiteras, presidenta de la Mesa del Tercer Sector, que agrupa a casi 4.000 entidades sociales catalana, explicó ayer que recibe la noticia con “prudencia y preocupación”. La entidad está a la espera de reunirse con Munté para conocer el impacto de la medida.