Vecinos de El Puerto piden que se anule la privatización de la empresa de aguas

La plataforma Apemsa No Se Vende, denunciante de las irregularidades en el proceso de privatización de la empresa municipal de aguas de El Puerto de Santa María (Cádiz), ha solicitado que el Ayuntamiento (PP-PA) anule esta venta y la concesión del servicio a la compañía Aqualia. Lo reclama después de conocer al detalle el escrito de la fiscalía en el que ve indicios de prevaricación y malversación en la concesión de obras a esta sociedad de FCC.

La fiscalía ha solicitado la imputación de los miembros del consejo de administración de Apemsa que aprobaron en 2010 la prórroga durante seis años y sin concurso público de concesiones de obras a Aqualia. Entre ellos, el ex alcalde Enrique Moresco (PP) y el actual, Alfonso Candón (PP). La denuncia vecinal ha sido clave en estas conclusiones de la fiscalía que, en un decreto de 22 folios, desgrana como la concesionaria recibió encargos de reparaciones y mejoras de las instalaciones, a pesar de la falta de liquidez municipal. “Se habría hecho necesaria la apertura de concursos públicos en defensa de los intereses de la ciudad”, argumenta.

Debe ser el juez el que determine, si como pide la fiscalía en su escrito, abre diligencias y toma declaración como imputados a los consejeros de Apemsa que le dieron el visto bueno a esta operación. “Es una clara prueba de que existió una trama para darle el contrato de aguas de El Puerto a Aqualia”, señaló ayer el ecologista Juan Clavero, uno de los integrantes de la plataforma.

Los vecinos se constituyeron en un grupo de presión tras conocer estas irregularidades y el posterior intento, ya consumado, de vender el 49% de las acciones de Apemsa a la misma empresa para que explote el servicio durante los próximos 25 años. Es esta privatización lo que la plataforma quiere ahora eliminar. “Creemos que hay datos suficientes para que el Ayuntamiento y su actual alcalde tomen la decisión de solicitar la anulación de la concesión a esta empresa. Se ha demostrado que el proceso estaba viciado desde el principio. De lo contrario podría ser otro caso de prevaricación”, ha reclamado Clavero.

La plataforma se agarra a un caso ya ocurrido, el de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde después de la intervención de la justicia, la empresa Aqualia tuvo que devolver la gestión del agua al Ayuntamiento. De momento, el portuense no parece que vaya a tomar ninguna medida similar. El alcalde, Alfonso Candón, dijo el viernes sentirse “tranquilo” y confiado en que no ha habido irregularidades y que el caso no irá a más. Su socio de gobierno, el PA, también comparte esta opinión y el llamamiento a la calma ya que el juez todavía no ha tomado ninguna decisión.