La importancia de llamarse Calatrava

Las primeras declaraciones en la investigación abierta por las supuestas irregularidades en la contratación del Centro de Convenciones de Castellón que diseñó Santiago Calatrava no han ayudado a disipar las principales incógnitas de este proyecto por el que el Consell acabó pagando 2,7 millones al arquitecto, a pesar de que lo planificado excedía con creces lo pactado. Ninguno de los dos técnicos de la Sociedad de Proyectos Temáticos (SPTCV) que han sido interrogados como imputados por el juez titular de Instrucción 5 de Castellón ha sabido contestar a por qué el arquitecto presentó un proyecto sobredimensionado (de 60 millones presupuestados propuso una obra de 100) ni por qué se le pagó la citada cantidad, aunque ambos aseguraron que la idea de sobrepasar lo impuesto en el contrato no partió del Gobierno valenciano.

El más contundente ha sido Javier de Diego, quien fuera director técnico de la Sociedad de Proyectos Temáticos (SPTCV) durante los años en los que la Generalitat contrató a Calatrava para la construcción del Centro de Convenciones. En su declaración judicial manifestó no saber por qué se le pagó a pesar de que el plan que presentó no era lo acordado y que “nunca” había visto que un proyecto “que no coincidiera con lo acordado se acabase pagando”. El Consell desembolsó 2,7 millones por los honorarios del plan maestro, el anteproyecto y el proyecto básico del centro y lo hizo, según consta en la documentación que en su día hizo pública Esquerra Unida, por “voluntad de entendimiento” y pese a admitir que se había incumplido el contrato de forma unilateral.

De Diego aseguró en su declaración que pidió explicaciones a sus superiores del motivo de actuar así con Calatrava, pero que no recibió respuesta. El técnico dejó claro también que la forma de actuar de la Generalitat con quien era su arquitecto estrella no era lo habitual, puesto que lo normal era que antes de iniciar un proyecto se establecieran las bases sobre las que todos estaban de acuerdo y que él no había tenido relación con Calatrava porque con Castellón le llegaban los proyectos cuando ya estaban contratados. “Con otros arquitectos esta no es la forma de trabajar”, dijo.

El ex director técnico relató que Calatrava llegó a presentar públicamente la maqueta sin que tuvieran previo conocimiento y pese a habérsela requerido “reiteradas veces”. Fue en ese momento, al hacer entrega de la maqueta, cuando De Diego informa de que el proyecto ocupa una parcela no prevista y que realiza un primer informe en el que dice que eso no debe ser así y que “el Ayuntamiento [de Castellón] debería tomar cartas en el asunto”. A partir de ahí, declara, es cuando comienza la “tirantez” con el arquitecto y se inicia el intercambio de comunicaciones con su despacho para exigir que se ciña al presupuesto de 60 millones.

De Diego advirtió que el Consistorio debía parar el aumento de superficie

De Diego habló de una reunión a la que asistió junto a Calatrava, el representante del despacho, Fernando Benzo, y el ex director general de la SPTCV, Eusebio Monzó (todos imputados en la causa), y que cita como “muy tensa” por sus exigencias para cobrar. Monzó explicó al juez durante su interrogatorio que en aquella cita insistió para que el plan se redujera a los 60 millones. Al día siguiente, el despacho del arquitecto remitió un proyecto en dos fases: la primera de 60 y la segunda de 40 millones. “Era lo mismo partido en dos”, dijo. Javier de Diego afirma en más de una ocasión durante el interrogatorio que no puede explicar por qué se le paga “a pesar de estar por encima de lo presupuestado”.

El ex director técnico atribuye a la crisis la paralización del Centro de Convenciones, pero también apunta a una segunda causa: se paró por las “desavenencias” que iban hacia “una desmesura que no se podía controlar”.

Dos excargos del Consell aseguran que la SPTCV no autorizó el aumento

Eusebio Monzó, destituido como secretario de Hacienda y Presupuestos tras su imputación, explicó al juez que en todo momento trató que el arquitecto se ajustara al presupuesto fijado y relató las presiones que sufrió, como que le mandaran un notario al despacho. Según dijo, no recibió de ningún superior la orden de que debía pagar. Monzó fue destituido (dijo no saber los motivos) y sustituido por Nicolás Figueres, también imputado y citado a declarar el próximo 14 de octubre. Fue tras este relevo, cuando el Consell pagó a Calatrava lo que este reclamaba.

El ex secretario autonómico coincidió con De Diego al declarar ante el juez que no sabe por qué se presentó un proyecto que excedía en superficie y presupuesto a lo previsto, que la ampliación no fue propuesta por la SPTCV y que no sabe de quién partió la idea.

Tampoco aclaró este extremo el representante de la oficina de Calatrava, Fernando Benzo, que se limitó a declarar que solo ejercía como mera correa de transmisión porque actuaba “por orden” directa del arquitecto y que supo que hubo un cambio en el plan de necesidades (el documento que debía fijar las dimensiones de la obra) pero que desconocía el motivo. Benzo no habló de una carta remitida a la SPTCV en la que agradecía el “aumento sustancial” de la superficie porque el Ayuntamiento había propuesto utilizar 62.120 metros cuadrados en lugar de los 17.000 iniciales. Esta carta consta en el expediente que el grupo de EU en las Cortes Valencianas logró fotografiar hace tres años y que fue la base para la denuncia que ahora investiga el juzgado de Castellón.

La fiscalía pidió a principios de septiembre el archivo de la causa para estos tres imputados después de que el juzgado rechazara desimputar a Monzó y Benzo a petición de sus defensas. La causa está abierta a la espera de la declaración de Figueres y de Calatrava.