Corrupción, agravio y ¿elecciones?

Con el soniquete de fondo de un hipotético adelanto electoral, el debate sobre el estado de la comunidad ha dejado a las claras las prioridades y estrategias de los partidos en una legislatura condicionada por el relevo sobrevenido en el liderazgo de las tres formaciones que tienen representación en el arco parlamentario.

Pese a algunos trompicones con sus socios socialistas, IU está cómoda en el Gobierno andaluz, apuesta por la continuidad y desde luego no está interesada en que se precipiten los comicios. Aunque coquetea con la idea de apoyar una comisión de investigación sobre los cursos de formación, lo que supondría una ruptura con el PSOE, no parece que vaya a plantear exigencias que hagan imposible el Presupuesto de 2015. La principal preocupación de la federación que lidera Antonio Maíllo es, de forma indisimulada, la irrupción de Podemos. Esta preocupación existe también en el PSOE, pero mientras este partido ha optado por un discreto desdén hacia la formación de Pablo Iglesias, IU ha cortejado a Podemos de tal manera que parece encarnar el papel del pez chico que quiere ser devorado por el pez grande.

El PP sigue explotando el yacimiento de la corrupción, que ya fue el eje de su campaña en 2012, cuando Arenas se quedó a las puertas del palacio de San Telmo. Desde entonces, en el PP hay dos corrientes sobre cómo afrontar los casos de corrupción. La primera sostiene que se trata de un filón agotado que no va a aportar más votos y que, aunque hay que mantener la presión sobre la Junta, es necesario buscar discursos alternativos. La segunda considera que es preciso pisar más a fondo el acelerador hasta acorralar al Gobierno de PSOE e IU. Al fraude de los ERE se le ha sumado esta legislatura el de los cursos de formación, un cóctel que esta corriente cree definitivo. La decisión que adopte el Tribunal Supremo sobre los aforados en el caso ERE será fundamental. Si el Supremo ve indicios de delito, las bazas del partido que preside Juan Manuel Moreno se multiplican, más si se tiene en cuenta que varios de los aforados terminarían también salpicados en la investigación de la juez Alaya sobre la formación. En caso de que el Supremo dé carpetazo, el recorrido político de la corrupción será menor.

El PSOE, mientras, ha vuelto a agitar la bandera de Andalucía, una estrategia que le funcionó con éxito en los albores de la autonomía y que rescató a mediados de los noventa del siglo pasado. Al igual que en la época de Aznar, el argumento es el castigo económico a la comunidad. Entonces eran los 400.000 andaluces que no reconocía el sistema de financiación. Hoy, el reparto del fondo de convergencia, destinado a la igualdad y al equilibrio territorial. El Ministerio de Hacienda sostiene que criterios objetivos hacen que Andalucía perciba solo 422 millones de euros de este fondo, por 700 millones Cataluña y más de 1.000 la Comunidad Valenciana. Técnicamente será así, pero políticamente el reparto pone en bandeja a Susana Díaz el discurso del agravio.

Y como bien saben los dirigentes del PP que vivieron el conflicto de los 400.000 andaluces, en política, lo que no se puede explicar con argumentos políticos, no tiene explicación. Algo que, por cierto, también se puede aplicar a un hipotético adelanto electoral.