La plaza del pueblo, en manos del banco

Un juzgado ha decretado la liquidación de la empresa Plaza de España San Fernando, creada en 2008 por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares (municipio a 15 kilómetros al este de la capital, con 41.000 habitantes) para remodelar esa plaza y su entorno, que están considerados como Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid.

La sociedad, constituida con un 49% de capital municipal y un 51% aportado por los vecinos propietarios de las viviendas situadas en la plaza, acumula una deuda con acreedores de 94 millones, de los que 60 son a Bankia.

El auto judicial, fechado el 2 de septiembre, decreta la disolución de la sociedad, a la que el Ayuntamiento aportó el terreno de la plaza del pueblo (10.827 metros cuadrados) y su subsuelo para cubrir su participación en ella. Ahora se abre la incógnita de qué ocurrirá con la plaza pública, el aparcamiento de 600 plazas construido bajo ella y las 200 viviendas del entorno, que pueden pasar a manos de Bankia.

El alcalde, Ángel Moreno (IU) asegura no saber todavía cómo salir de esta situación: “Es muy compleja, porque se unen intereses del Ayuntamiento, de los 74 vecinos afectados, del banco y de las constructoras”. Esta semana tiene previsto reunirse con el administrador concursal, después de que este mantenga a su vez una reunión con Bankia. En un plazo de 15 días desde la notificación de la resolución judicial (8 de septiembre), el administrador debe tener listo el plan de venta de los bienes de la empresa.

El Ayuntamiento aprobó en el pleno del pasado mes de junio iniciar los trámites para recuperar la plaza. No todos estuvieron de acuerdo. La división en el seno de IU se hizo patente en la votación, que salió adelante con cinco votos de sus 11 ediles, más los ocho del PP y tres del PSOE. Los otros cinco ediles de IU (faltó uno al pleno) no apoyaron la propuesta, argumentando que existen alternativas menos lesivas, pues la recuperación implica en su opinión litigios seguros con los vecinos. Las negociaciones no parecen haber avanzado mucho en estos meses. Moreno explica; “La cuestión se encuentra en manos de los abogados”.

El portavoz del PP, Eusebio González, ha manifestado por su parte su gran preocupación por la liquidación, y ha pedido la apertura de una comisión informativa especial. “No sabemos qué va a ocurrir, pero el Ayuntamiento se puede ver obligado a responder por estas deudas”, opina. “El absurdo total es haber aportado una plaza pública, de todos los vecinos”, añade.

Un informe elaborado por la secretaria general del Ayuntamiento ve “sorprendente” que la titularidad de la plaza aparezca en el Registro de la Propiedad a nombre de la sociedad mercantil Plaza de España, porque es un bien público que es inalienable, inembargable e imprescriptible.

“Con idéntico estupor” se señala en el documento que el subsuelo corriera la misma suerte.

La rehabilitación de la plaza ha convulsionado al grupo de IU. Ángel Moreno tomó el relevo de Julio Setién al frente de la alcaldía tras la dimisión de este en marzo de 2013 “por motivos personales y familiares”. Moreno, que entonces era responsable de la concejalía de Hacienda, heredó así la también presidencia de la empresa Plaza de España.

A finales de ese mismo año, el regidor presentó ante la Fiscalía General del Estado un escrito donde se detallaban irregularidades presuntamente cometidas en la gestión de dicha empresa, que en ese momento se encontraba en concurso de acreedores.

La Fiscalía envió el documento al Juzgado de Instrucción número 5 de Coslada, que también investiga ahora otras posibles irregularidades, como la aportación de la plaza de España a la sociedad y denuncias de las constructoras. El Ayuntamiento considera culpables de la quiebra a los gestores de la empresa, que se habrían lucrado de forma personal, provocando un quebranto a los intereses de los vecinos, que habían confiado en el Ayuntamiento porque avalaba la operación.

Los ciudadanos dieron sus viviendas a la sociedad, con el objeto de recuperar su propiedad una vez remodeladas. Además, la sociedad obtuvo otros inmuebles, locales y el aparcamiento subterráneo que, tras su venta, supondrían ingresos para abonar los créditos pendientes.

Pero los 54 millones previstos inicialmente para las obras se convirtieron en 94. Y llegaron las denuncias y los embargos. El Ayuntamiento no puso coto a estas supuestas irregularidades de los gestores porque la empresa funcionaba como un organismo privado, sin intervención municipal, explican fuentes locales.

El Consistorio tampoco comunicó a la Comunidad de Madrid el impacto real de sus planes de rehabilitación, lo que supuso la apertura de un expediente sancionador. Los técnicos constataron que el espacio protegido desde 1983 se había alterado sustancialmente por salidas peatonales y respiradores, que emergen sobre la plaza y distorsionan la imagen de conjunto. En medio de este embrollo, los vecinos no saben cuándo podrán volver a sus casas, construidas a mediados del siglo XVIII y ya rehabilitadas.