Las acusaciones de corrupción descomponen el gobierno de Porriño

El alcalde se querella contra uno de sus ediles y presidente local del PP

El gobierno local de O Porriño —el resultado de la confluencia en el PP de dos grupos independientes, lo que les permitió desbancar a los nacionalistas de la alcaldía mediante moción de censura— evidencia su descomposición. El alcalde, Nelson Santos, imputado junto con los números dos y tres de su grupo por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y vulneración del derecho de los trabajadores, ha anunciado una demanda judicial contra el edil que ocupa el cuarto puesto en el escalafón de su gobierno y al mismo presidente del PP local, Manuel Carrera. Sostiene que ha dañado su honor con las declaraciones que realizó el pasado mayo a este diario en las que reconocía que había detallado ante el fiscal las “irregularidades” de facturación por las que fue imputado el alcalde.

Santos no destituye al edil al que lleva a los tribunales pero lo invita —a él y al número cinco de su gobierno, Marcelino Coto, que ha arropado públicamente a Carrera— a dimitir. En declaraciones a La Voz de Galicia, Coto tildó de “esperpéntica” la situación del ejecutivo local. El edil, que expresa su confianza en Carrera, no entiende “cómo se querella una persona contra otra a la que mantiene en el cargo”. Santos sale al paso precisando que “si algún miembro del equipo de gobierno no se siente satisfecho en el desempeño de su cargo está en su derecho de presentar libremente su dimisión”

Con los cinco primeros integrantes del ejecutivo municipal imputados o denunciándose entre ellos, el regidor destaca —en el mismo comunicado en el que anuncia las acciones judiciales contra Carrera— “el correcto funcionamiento del gobierno local, donde cada uno de sus miembros cumple con su cometido”. Y puntualiza acto seguido que se han tomado todos los acuerdos “por unanimidad”.

Santos basa la demanda contra su concejal de Vías y Obras en la referencia a la falsificación de facturas, una imputación que le atribuyen el fiscal y la juez instructora en el marco de la Operación Multiusos tras haber detectado supuestos pagos del regidor “sin justificar” por varios millones de euros a empresas vinculadas a ediles del equipo de gobierno.

Mientras la crisis del ejecutivo de O Porriño se dirime en los juzgados, la dirección del PP gallego mantiene silencio. Feijóo solo ha hecho hasta ahora un movimiento: aplazar sin fecha el congreso local, previsto para el pasado abril, al que se postulaba únicamente el imputado Santos. En el comunicado con el que la dirección comarcal del partido anunció el aplazamiento de ese cónclave, no se hacía alusión a la situación judicial del aspirante. Únicamente se justificaba porque el congreso coincidía con las elecciones europeas. La crisis interna, escenificada sin reparos, y la situación judicial, amenazan ahora con complicar la confección de la lista para las municipales.

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