El pleno sobre turismo de Ciutat Vella crispa aún más a los vecinos

El pleno extraordinario de Ciutat Vella que tenía que encontrar soluciones a los problemas que genera el turismo en la Barceloneta no sirvió absolutamente para nada. Los representantes políticos —acostumbrados a explotar al máximo el arte de la retórica— discutieron y divagaron entre ellos sin prestar demasiada atención a los vecinos, que habían estado esperando la ocasión para oír propuestas concretas. A falta de compromisos, los vecinos abuchearon a los dirigentes políticos —a unos más que a otros, pero a todos en general— y se fueron después de lanzar frases como “la Barceloneta está en guerra” o “esto acabará muy mal”. El abismo que separa a los políticos de los vecinos todavía se hizo un poco más grande tras el pleno de ayer.

Los políticos que más tuvieron que aguantar sus insultos fueron Alberto Villagrasa (PP) y Mercè Homs (CiU), que es la concejala del distrito. Los vecinos les culpan de haber permitido —con la modificación del Plan de Usos que cerraba el grifo a los equipamientos hoteleros— que el turismo se haya convertido “en una tortura” que no les deja dormir por la noche por culpa de los gritos, ni seguir en el barrio por culpa del aumento de los precios. Estos dos partidos son también los que han permitido que el Port Vell se convierta en una marina de lujo y que algunas aceras sean impracticables por culpa de las terrazas de bares y restaurantes.

“Ciutat Vella es un distrito muy difícil y lo hacemos lo mejor que sabemos y podemos”, dijo Mercè Homs entre los reproches de los vecinos, que pidieron su dimisión en varias ocasiones. Homs insistió en todas las inspecciones que han realizado en los últimos 15 días para detectar los apartamentos ilegales pero las medidas han llegado tarde. Cada vez que un político reclamaba el cierre de los pisos ilegales, los vecinos se indignaban todavía más: “Sólo faltaría”, les gritaban. El movimiento vecinal Barceloneta diu prou reclama el precinto de todos los apartamentos turísticos.

En el pleno se votó y se aprobó una propuesta del PSC que pedía la suspensión la modificación del Plan de Usos que pactaron CiU y PP, pero la votación no tiene ninguna validez práctica porque las únicas decisiones que el alcalde Xavier Trias tiene en cuenta —y ni tan siquiera todas— son las del pleno del Ayuntamiento, donde consigue la mayoría gracias al apoyo del PP. En sus intervenciones, los vecinos también criticaron —algunos con rabia— la falta de espacios donde poder expresarse y que se les tenga en cuenta.

El pleno estuvo vigilado en todo momento por agentes de la Guàrdia Urbana y la tensión subió en algunos momentos hasta el punto que estuvo a punto de suspenderse en varias ocasiones.