De la guerra de las banderas a la de los carteles

La Diputación de Gipuzkoa deberá quitar el cartel que luce en la fachada principal de la sede de la institución en favor de los presos. El letrero reza en euskera Derechos humanos, Solución, Paz, presos vascos a Euskal Herria. Un cartel que cuelga de “bastantes” ayuntamientos gobernados por Bildu, como reconocen fuentes de la formación, que en total cuenta con 101 alcaldías vascas, y que responde, apuntan las mismas voces, al llamamiento que la propia coalición hizo para mostrar su solidaridad con los reclusos de ETA. La misma leyenda que se lee, además, en el rótulo que en determinadas ocasiones cubre el micrófono de la sala de prensa de la institución.

Pero el cartel, según considera el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), incumple la legalidad, no porque suponga una ofensa a las víctimas de ETA, violando las leyes de reconocimiento nacional y vasca, como argumentó la abogacía del estado, quien a instancias del delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, presentó un recurso después de que el Consejo de Diputados de Gipuzkoa aprobara la colocación del cartel en marzo de 2013. El letrero constituye, según el TSJPV, una “vulneración de los principios de objetividad y neutralidad política que deben respetar las entidades de régimen local”.

 “La actuación recurrida no comporta un ataque a las víctimas del terrorismo sino la reivindicación de mejora de la situación de todos los presos vascos, sin excepciones o distinción por razones ideológicas”, contraargumentó la Diputación la resolución previa de un juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián, que ya dictó la retirada del cartel. El fallo del superior, hecho público la pasada semana, está fechado a mediados de julio y contra él no cabe recurso.

 Y, al menos, la Delegación del Gobierno ha presentado 62 recursos contra la colocación de estos carteles, según cifras de la propia institución aportadas el pasado verano. “Tenemos más procedimientos abiertos por este motivo y, si constatamos que en cualquier otro Ayuntamiento se puede estar vulnerando la ley, actuaremos”, advierten desde la Delegación.

“Bastantes” ayuntamientos gobernados por la coalición lucen el rótulo

Los recursos presentados por esta cuestión contrastan con los alrededor de 160 que Urquijo, que fue nombrado delegado del Gobierno en enero de 2012, había presentado a los dos años de estar en el cargo por la negativa de los ayuntamientos a colocar la insignia española en la fachada de las casas consistoriales, pero amenazan con sustituir a la antigua guerra de las banderas por una nueva, la de los carteles.

Muchos ayuntamientos, una vez dictadas sucesivas sentencias, se han resignado a colocar la bandera española en sus fachadas, aunque sea recurriendo a fórmulas que terminan por tapar la insignia, intentando burlar la ley. Bergara, por ejemplo, optó por colocar 55 mini banderas de otros tantos países para representar las nacionalidades de todos los habitantes del municipio. La insignia nacional queda oculta, pero, se supone, luce en la balconada principal, al igual que en el salón de plenos junto a las otras 54 banderas.

La propia Diputación tuvo además que colocar la bandera española en un lugar destacado de su fachada, en cumplimento de una sentencia del Tribunal Supremo, que obligó a la institución a rescatar del tejado de su sede la insignia, donde quedaba completamente oculta para ponerla en la balconada del edificio. Gipuzkoa entonces izó una ikurriña gigante en la plaza donde se levanta la sede foral para protestar contra la “imposición” de la española. La institución de momento no ha anunciado que vaya a tomar alguna medida o acto de protesta contra el nuevo fallo.

El ya famoso cartel de los presos luce además en el Ayuntamiento de San Sebastián, sobre el que también un juzgado de la capital guipuzcoana se ha pronunciado en contra, y su colocación en el de Lasarte estuvo acompañada de una fuerte polémica que enfrentó a Bildu con los socialistas. El edil del municipio, Pablo Barrio, decidió que el cartel colgara de su despacho, la misma habitación que en su día correspondió al edil del PSE y teniente de alcalde Froilán Elespe, asesinado por ETA en 2001.

Y si bien el delegado del Gobierno se ha caracterizado por impulsar una frenética actividad contra cualquier gesto o decisión de Bildu que pudiera bordear la legalidad en cuestiones como el reconocimiento y respeto de las víctimas de ETA, el diputado de Gipuzkoa, Martin Garitano, ha protagonizado muchos de los recursos interpuestos. Denuncias contra la principal institución gobernada por la coalición que han ido desde la iniciativa de Garitano de obligar a las empresas que licitan contratos con la Diputación a usar el euskera a la subvención de 600.000 euros que otorgó a una ikastola francesa. Pero tampoco la Diputación se ha quedado quieta, su portavoz, Larraitz Ugarte, anunció en agosto de 2012 que la institución barajaba querellarse contra Urquijo por un delito de injurias, que finalmente no presentó.