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Alaya imputa a un abogado de la Junta y a 19 nuevos intrusos en el ‘caso ERE’

La juez incluye cuatro expedientes más y eleva el número de acusados hasta los 227

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos este verano. Ampliar foto
La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos este verano.

La juez Mercedes Alaya ha imputado en el caso ERE a un abogado de la Junta de Andalucía y a 19 intrusos incluidos en cuatro expedientes de las empresas Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén. De este modo, la magistrada eleva el número de imputados a las 227 personas y prosigue con la instrucción del sumario a pesar de que elevó el caso al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre la supuesta implicación de nueve aforados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Alaya acusa al jefe de la asesoría jurídica de la antigua Consejería de Empleo Antonio Lamela de malversación y prevaricación por haber redactado un informe que sustentó una subvención a los Astilleros de Huelva en noviembre de 2011, cuando el diputado socialista Manuel Recio era consejero de Empleo. La juez achaca al abogado que actuó siguiendo “de manera indiciaria las instrucciones políticas” del viceconsejero de entonces Justo Mañas, para sustentar una ayuda concedida al margen de la orden de la Junta que regulaba “la concesión de subvenciones sociolaborales”, según el auto de Alaya del pasado jueves.

La instructora critica con dureza al abogado por utilizar el “peregrino argumento” de que las subvenciones sólo podían pedirlas los trabajadores y no las empresas, como sucedía en el caso de Astilleros, para que pudiera indemnizar los despidos que estaba ejecutando. Alaya insiste en su censura y acusa a Empleo a través de una ayuda “que fue aprobada por el Consejo de Gobierno”: “El razonamiento era cuanto menos paradójico, pues resultaba que la Consejería de Empleo había estado más de diez años negando que la beneficiaria de las ayudas fuera la empresa, y ahora se esgrimía ese argumento para negar la aplicación de la normativa reguladora”, concluye la instructora. “Se omitió deliberadamente el procedimiento aplicable”, añade.

Mientras, después de que la Guardia Civil entregara hace una semana los atestados de cuatro empresas, Alaya ha imputado a 19 intrusos en función de los indicios recabados por los agentes.

Por el ERE de Hitemasa de 2004 para 191 trabajadores y que costó 32 millones, Alaya ha imputado a cinco personas, entre ellas los presidentes del Consejo de Administración Manuel Márquez y Antonio Moreno. Además, la juez acusa a los consejeros Francisco Naranjo del Río, Juan González González, Amparo Alarcón López y Guillermo Valderrama, además de cuatro intrusos que elevaron de manera supuestamente artificial el ERE hasta las 195 personas. Alaya subraya que como presidente, Márquez recibiera “un trato especial y diferenciado” junto a sus consejeros respecto al colectivo de trabajadores de la firma por una suma de 167.398 euros. La juez destaca cómo los directivos fueron los más beneficiados por las indemnizaciones del ERE. Asimismo, la juez amplía la imputación que recae sobre cinco ex altos cargos de las consejerías de Empleo, Innovación y la agencia Idea, además de la consultora Vitalia, que recibió seis millones por su gestión en el ERE. Alaya ha imputado asimismo a los directivos de la empresa Samec, Marcos Guerra y Rodolfo Verginella, y a los tres exdirectivos de Primayor Luis Sobrino, Felipe Monforte, Ramón Portal.

Por último, en otro auto la instructora ha comunicado a los parlamentarios y exconsejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno su señalamiento en el caso y les comunica el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El auto dictado el pasado jueves llega tres semanas después de la exposición razonada que Alaya remitió al Supremo, en el que ya ambos cargos estaban señalados.