“No es nuestra labor echar a gente de casa”, dice el bombero antidesahucios

Roberto Rivas, bombero del parque municipal de A Coruña, nunca buscó protagonismo. Tampoco era consciente del impacto mediático y simbólico de su famoso gesto de hace año y medio, cuando blandió un folio con el logotipo de Stop Desahucios tras negarse, junto a un compañero, a facilitar a la policía nacional la entrada en un edificio para ejecutar el desalojo de una anciana, Aurelia Rey. Ocurrió en pleno centro de la ciudad en febrero de 2013 y la presión ciudadana, con su movilización durante una semana, logró evitar que aquella costurera jubilada de 85 años fuese expulsada, sin alternativa, del modesto piso en el que vivía de alquiler desde hacía más de tres décadas. “Yo sólo quería visualizar y expresar de forma convincente que entre las labores de los bomberos no está la de echar a la gente de sus casas”, explicó ayer Rivas minutos antes del juicio que planteó contra la Subdelegación del Gobierno por multarle con 600 euros.

El bombero y ocho personas que participaron en aquellas movilizaciones, entre ellas cargos públicos del BNG y de Esquerda Unida, respondieron a la sanción administrativa que les fue impuesta por supuesta alteración del orden público con la misma moneda: llevaron al Ejecutivo ante los tribunales por considerar vulnerados sus derechos fundamentales como es el de manifestarse.

Al igual que Rivas, cuyo recurso judicial fue visto ayer, también fueron multados con 600 euros cada uno por aquellas movilizaciones el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera; los concejales coruñeses Xosé Manuel Carril, también del Bloque, y César Santiso (EU); el dirigente de la CIG Paulo Carril; así como cuatro activistas de Stop Desahucios —dos de ellos por la vía penal—. “Fueron los más activos dirigiendo a los manifestantes”, afirmó ayer el policía al frente del dispositivo cuando la juez le preguntó qué criterios siguió para expedientar a esas personas entre los cientos que se movilizaron contra el desalojo de la anciana.

El Ayuntamiento de A Coruña nunca abrió expedientes contra los dos bomberos que, requeridos por la policía nacional, se negaron aquel día a reventar la cadena con la que activistas de Stop Desahucios habían atrancado el portal del edificio de Aurelia Rey para impedir a los funcionarios de Justicia ejecutar su desalojo. “Volvería a hacerlo, no tuve miedo de las consecuencias, yo y mi compañero teníamos claro que no queríamos participar en ese desahucio, no estamos obligados a realizar ese servicio, no es nuestra labor”, insistió Rivas ayer.

Bomberos de toda España e incluso otros colectivos profesionales lo habían inmediatamente secundado declarándose también insumisos frente a los desahucios. Pero no fue la negativa a colaborar con la policía lo que valió al profesional coruñés ser sancionado por la Subdelegación del Gobierno. A Rivas, que volvió ayer a ser arropado a las puertas del juzgado por dos centenares de personas, muchas de ellas colegas de toda Galicia que acudieron con sus mujeres y niños de corta edad, lo que realmente le reprocha la policía nacional es el haber blandido el logotipo de Stop Desahucios cuando regresaba al camión. Un gesto que alteró, consideraron los mandos policiales, a los manifestantes, lo que acabó por derivar, aunque fue tiempo después, en altercados con los agentes.

Ni el responsable de los antidisturbios desplegados aquel día, ni el comisario de la brigada provincial de A Coruña supieron ayer, en sus declaraciones judiciales como testigos, explicar las diferentes versiones que existen entre su atestado de aquel día, 18 de febrero de 2013, y el informe que redactaron mes y medio después y que motivó la denuncia de nueve personas, entre ellos el bombero.

“Es ridículo que en una democracia como la que vivimos se considere violencia levantar un cartel”, opinó Rivas en sus primeras y únicas declaraciones, ayer. Uno de sus mandos, que también declaró como testigo ante la juez, avaló su versión de que los bomberos no tienen obligación alguna de obedecer a los cuerpos de seguridad del Estado. “El desahucio no era de ninguna manera una emergencia, podemos negarnos a participar”, aseveró este dirigente del parque municipal de A Coruña. Esperan que con esta acción judicial, además de poner entredicho la criminalización de las movilizaciones sociales, quede también aclarado que los bomberos no pueden ser obligados a colaborar en desahucios.