La premura de Català con la LOMCE reaviva las críticas de familias y docentes

Arrecian las críticas de distintos agentes y entidades de la comunidad escolar conforme se acerca el día 3 de septiembre, fecha sin precedentes de inicio de las clases en todas las enseñanzas no universitarias en la Comunidad Valenciana. Argumentos recurrentes en estas críticas son la premura y falta de consenso en la aplicación de la LOMCE. La Comunidad Valenciana será la primera en llevar esta ley a los centros, tanto por la plena sintonía en el desarrollo de la norma impulsada por el Gobierno de Rajoy, mientras que autonomías como la catalana o la andaluza han recurrido la ley, como por el adelanto sin parangón en el arranque del curso de la reforma.

 Currículo en tela de juicio. El decreto del nuevo currículo de Primaria, que será experimentado a partir del día 3 en primero, tercero y quinto de esta etapa, vulnera el artículo seis del Estatuto de Autonomía y el 19 del título segundo de la Llei d’Ús i Ensenyament (LUEV). Lo asegura Escola Valenciana, que presentará la próxima semana un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), anunció ayer. Su presidente, Vicent Moreno, destaca “la jugada de dividir Coneixement del Medi en dos asignaturas, Sociales y Naturales, para ofrecer una de las dos en castellano”, lo que “empobrece aún más” la línea en castellano.

Escola recuerda que el decreto fue aprobado “sin consenso” de la comunidad educativa. Coincide la Confederación Gonzalo Anaya, mayoritaria en las asociaciones de padres de la escuela pública, al subrayar que la tramitación de la Ley en la Comunidad “se ha hecho con prisas, sin planificación y sin consenso”. Sin embargo, lamenta su presidenta, María Dolores Tirado, supone “cambios importantes” que van de “los currículos nuevos, publicados en julio a las clases imposibles de 45 minutos que han obligado a los consejos escolares a readaptar nuevos horarios que la mayoría de familias aún desconocen”.

Dos días para organizarse. Sindicatos y padres destacan que hay muchos aspectos organizativos que se deberán solucionar en dos días (1 y el 3 de septiembre), o sea, “precipitadamente”. “Tenemos que hacer saber a las madres y padres que la única responsable es la Consejería de Educación”, destaca Tirado.

El poco tiempo “para programar el curso, especialmente para los que inician la LOMCE y los cambios en la FP Básica, serán la causa principal de un inicio de curso en el que la tarea educativa se habrá de desarrollar con precipitación y escasos recursos”, denunciaba ayer CC OO del PV.

El STEPV prevé “un colapso” de las direcciones territoriales de Educación, donde “casi 9.000 docentes interinos deben presentar en esos tres días 12 documentos diferentes”. Ese profesorado, además, “no puede preparar el curso en condiciones por la precipitación en qué empieza este año”. Ese profesorado, recordaba el jueves el dirigente socialista Miguel Soler “supone aproximadamente el 16 % del total de la plantilla” y en algunos centros “hasta el 60 % del profesorado”.

Un curso político. Entidades como la Gonzalo Anaya destacan que el aumento de conciertos, la tramitación de los Centros de Iniciativa Social (CIS) y el negocio privado del FP básica y dual definen un nuevo curso “en el que se consolida una política educativa”, que supone “el mayor ataque a la educación pública, universal, laica y en valenciano”. La Confederación de AMPA hacía referencia a los CIS de Elx y Calp, para los que se cierra el plazo de presentación de ofertas de empresas privadas el próximo lunes, día 1 de septiembre. Las empresas adjudicatarias deberían construir colegios concertados a 70 años.

Català se reafirma. La consejera de Educación defendió ayer que el decreto de Primaria que desarrolla la LOMCE en la red escolar valenciana “está absolutamente correcto desde el punto de vista jurídico", dado que cuenta con el aval de la Abogacía de la Generalitat, el Consell Jurídic Consultiu (CJC), el informe pertinente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) “y todos los informes que son necesarios para aprobar este tipo de decretos”, ha remarcado. Respondía así al anuncio de Escola Valenciana, entidad a la que invitaba a colaborar con la Administración en “reducir el fracaso escolar”.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Eva Ortiz, salió también a escena para destacar que el Consell “está preparando el inicio de curso escolar y realizando un gran esfuerzo para que los alumnos de la Comunidad puedan acceder a una educación de calidad y cuenten con ayudas de comedor y transporte, así como acciones alternativas a la adquisición de libros de texto”. El Consell, recordó, acababa de autorizar la licitación del contrato del servicio de transporte escolar gratuito para centros docentes públicos de la Comunidad Valenciana para los próximos cuatro años, a lo que prevé destinar más de 200 millones de euros.