Andalucía exige a Interior el acceso al sistema de protección de mujeres
El Gobierno admite que es parte de su “estrategia” y que “se está trabajando”
Nueve mujeres han muerto en lo que va de año en Andalucía asesinadas por sus parejas. El mes de agosto ha sido especialmente trágico con tres víctimas en solo 10 días. La sucesión de crímenes llevó a las Administraciones a proponer reuniones de urgencia. Pero no se han celebrado. Entre los encuentros pendientes, el que debe permitir el intercambio de datos entre los sistemas de información del Gobierno central (Viogen) y la Junta para una asistencia integral de las víctimas.
El Gobierno admite que el acceso de todas las Administraciones al Viogen es “parte fundamental de la estrategia nacional” contra la violencia machista, pero no explicó sus razones para llevar seis meses sin responder a la demanda andaluza cuando ya lo ha hecho en Castilla y León. “Se está trabajando”, explicó la Delegación del Gobierno.
La razón del retraso a una exigencia reclamada desde hace medio año, según el Ejecutivo andaluz, es meramente protocolaria. Solo falta la firma de un convenio ya redactado y acordado con el Ministerio de Interior, pero este requisito mínimo lleva aplazándose desde febrero mientras que, por el contrario, en Castilla y León ya se firmó el pasado julio. El Gobierno central añadió que está pendiente la concesión de un fondo solicitado por la Administración andaluza.
Según la Junta, el protocolo se iba a firmar en febrero, pero se aplazó para que lo hiciera el ministro, Jorge Fernández Díaz. Posteriormente, el Gobierno central exigió que por parte del Ejecutivo autonómico estuviera la presidenta, Susana Díaz. La Junta no ha puesto problemas, pero el convenio se sigue sin firmar, pese a que en Castilla y León se suscribió sin la presencia de Fernández Díaz, a quien suplió el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
El PSOE anunció el registro de una proposición no de ley en el Congreso para que, de forma inmediata, se firme este convenio de colaboración entre el Estado y la Junta.
La Consejería de Justicia pretende completar con el Viogen un sistema de asistencia que incluya un plan de detección precoz de la violencia de género y seguimientos especiales a las mujeres, de las que 4.734 cuentan con protección policial activa en Andalucía.
El acuerdo permitirá a todas las instancias implicadas en la protección de la mujer, desde las distintas policías hasta los servicios sociales, disponer de la misma información en tiempo real, lo que facilita la coordinación entre administraciones para garantizar la seguridad de las víctimas de la violencia machista.
En Andalucía, el protocolo conectará el sistema informático que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el punto de coordinación de órdenes de protección de la comunidad. Estos datos permitirían, según explicó el consejero de Justicia, Emilio de Llera, “contar con expedientes informáticos completos de cada mujer, evitar problemas de coordinación, priorizar los casos y adoptar las medidas especiales que se precisen”.
“Hasta ahora se suple con esfuerzo”, lamentó el consejero, quien detalló que, por ejemplo, la Policía Local de un municipio no sabe ahora quién dispone de un brazalete de protección para evitar que se infrinjan las órdenes de alejamiento.
“Si se contase ya con la integración de estos sistemas y con el citado plan de seguridad, tal vez se podrían haber evitado tragedias y combatir con más eficacia los resultados dramáticos en muchos casos de violencia de género”, concluyó el consejero.
Dos canales sin conexión
El Ministerio del Interior puso en marcha en 2007 un sistema de seguimiento de los casos de violencia de género, una aplicación informática a la que acceden los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Dos años después, Andalucía creó el punto de coordinación de órdenes de protección sobre violencia machista. Desde entonces, los dos canales de información no se cruzan.
Durante los cuatro años de funcionamiento de los puntos de coordinación se han tramitado en Andalucía 31.602 procedimientos judiciales, de los que el 51,4% son órdenes de protección y el resto, medidas cautelares de alejamiento a agresores acordadas por los juzgados.
El punto de coordinación andaluz, el primero con un funcionamiento telemático que se puso en marcha en España, garantiza la comunicación inmediata de la orden de protección sin interrupción todos los días del año a las instituciones que ofrecen protección social a las víctimas, favoreciendo su acceso a los servicios y recursos especializados de atención y asistencia.
En estos cuatro años de funcionamiento han sido atendidas 7.780 víctimas de violencia de género, con las que se han llevado a cabo 24.717 actuaciones para hacer un seguimiento de su situación, realizadas por los dispositivos provinciales del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía y los Centros Provinciales de la Mujer.
Las órdenes de protección son las resoluciones más contundentes y eficaces porque proporcionan a las víctimas una respuesta integral contra la violencia, al incluir en una única e inmediata resolución las medidas penales y civiles así como todos los mecanismos de seguridad y protección social que evitan el desamparo de las mujeres que sufren malos tratos.
Para la Junta, medidas de coordinación, como la reclamada por el Gobierno andaluz y por el PSOE en el Congreso sin respuesta satisfactoria hasta ahora, son fundamentales para reforzar la protección.
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