Organizaciones ciudadanas y partidos lanzan un pacto por el agua pública

Andalucía ha cogido el relevo de una carrera iniciada en Aragón, donde casi una veintena de entidades han firmado un compromiso para dejar el agua al margen de las leyes del mercado. Organizaciones ciudadanas, ecologistas y otras plataformas andaluzas, así como partidos políticos, preparan ya una propuesta similar, un pacto para que este recurso esté siempre en manos públicas.

“Es necesario crear un amplio consenso a través de un pacto en el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglas básicas del modelo: eficacia, transparencia, rendición de cuentas y participación social”. Es la explicación de Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), una de las entidades promotoras del gran acuerdo.

La intención ha sido secundada por entidades ciudadanas en diferentes puntos de Andalucía, desde la Coordinadora del Agua de Jerez (Cádiz) hasta la plataforma Agua y Desarrollo de Priego (Córdoba), pasando por partidos políticos, como Izquierda Unida, que ha liderado en la localidad cordobesa de Lucena la vuelta del servicio a manos municipales, o el PSOE. Esta formación asumió en Sevilla esta bandera desde que en 2007 impulsó el regreso a una gestión pública de Aguas del Huesna, una entidad que abastece a través de 250 kilómetros de red a 22 municipios dispersos y de entre 300 y 50.000 habitantes.

El pacto persigue dos objetivos fundamentales. Uno es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en los pueblos, donde anticipan fondos que los Ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua.

El antecedente está en Zaragoza, donde la Red Agua Pública de Aragón, ha conseguido la firma de los tres partidos que gobiernan la capital aragonesa (PSOE, IU y Chunta Aragonesista), 13 organizaciones sociales y dos fundaciones en un “compromiso social y político por la gestión pública y participativa del agua”.

Los objetivos básicos son que la gestión y tratamiento del agua sean considerados un servicio de “acceso universal, participado y vinculado a los derechos humanos”. Este compromiso no es una mera declaración de principios, ya que supone cambios en las organizaciones responsables de este escaso recurso en España, como la creación de un órgano regulador participado por las organizaciones sociales.

Los principios básicos del pacto por el agua pública son seis. El primero es que el agua es un bien público y que los servicios de abastecimiento y saneamiento están vinculados a derechos humanos y, por lo tanto, deben ser de acceso universal. Ninguna organización discute el primer aspecto, pero la forma de llevar a cabo el segundo, como los cortes de suministro por impago, anula en numerosas ocasiones la consideración del recurso como un derecho sobre un bien de todos. En este sentido, el acuerdo establece que el agua “no debe ser gestionada desde la lógica del mercado, sino desde nuevas formas públicas y participativas, sin ánimo de lucro, como servicios de interés general”.

El segundo punto del acuerdo considera “justo y necesario” que servicios de agua y saneamiento sean municipales y no se vean afectados por los recortes de competencia que supone la nueva normativa de régimen local promovida por el Gobierno.

En línea con la resolución de la Unión Europea, el pacto por el agua se ampara y defiende la resolución de Naciones Unidas que declara el agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial.

El acuerdo reclama una gestión integral y coordinada de los servicios, evitando la dispersión y atomización de entidades responsables de un bien común.

El modelo de gestión que se propone es 100% público, frente a las numerosas propuestas de empresas mixtas (municipales y privadas), “transparente y participativo”. Este planteamiento supone que la información responda a indicadores “significativos y comprensibles” fijados por un consejo regulador o un observatorio independiente con capacidad de control y representación.

El sistema tarifario que prevé el acuerdo es “justo”, “equitativo” y capaz de garantizar el acceso a servicios de alta calidad, independientemente de los recursos del ciudadano. Del mismo modo, el precio debe asegurar la sostenibilidad financiera del servicio, incentivar el ahorro y penalizar el derroche. “Los fondos recaudados por las tarifas o cualesquiera otros vinculados al servicio de agua y saneamiento deberán dedicarse a garantizar la gestión eficiente del mismo, realizar las inversiones precisas y asegurar el acceso universal al servicio”, concluye el pacto.