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El Observatorio Económico propone suspender políticas activas de empleo

Un informe advierte que las medidas actuales generan “mediocres resultados” e irregularidades

Desempleados, en una oficina del Servicio Andaluz de Empleo. Ampliar foto
Desempleados, en una oficina del Servicio Andaluz de Empleo.

La actual gestión de las políticas activas de empleo (medidas de formación y actuaciones para facilitar el acceso a un puesto de trabajo o a la creación de una empresa) arroja “mediocres resultados” y presenta “irregularidades”. “No se deben seguir aplicando hasta que no se realicen evaluaciones externas e independientes sobre su eficacia, su eficiencia y sus impactos". Esta contundente conclusión es parte de un informe del Observatorio Económico de Andalucía en el que ha participado el investigador José Ignacio García Pérez (director de la cátedra BBVA de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla).

El análisis del grupo independiente de economistas sobre el principal problema de Andalucía pone en cuestión las actuales políticas activas, que suponen un gasto del Servicio Andaluz de Empleo este año de 296,4 millones de euros. Según el documento, “se requiere un esfuerzo decidido y coordinado que reorganice, además, todas las políticas educativas y sociales”.

Para este grupo de expertos, el alto paro en Andalucía (34,7% de tasa en la última Encuesta de Población Activa) no es atribuible solo a los efectos de la crisis sino a un mal funcionamiento del mercado de trabajo fruto de un mal “diseño legal e institucional” del mismo.

El Observatorio propone “mayores dosis de flexibilidad en la relación entre trabajadores y empresas”, más “seguridad para el trabajador” y no tanto para el puesto de trabajo así como un mayor compromiso con la búsqueda de empleo y el reciclaje.

El motivo del informe es la intensa destrucción de empleo desde el verano de 2007, cuando se partía de una tasa de desempleo del 19,5%. Para los economistas, las cifras son “especialmente dramáticas” para los jóvenes, con tasas de empleo inferiores al 30%. “Hay más de 380.000 jóvenes en Andalucía que buscan empleo y no lo encuentran, siendo muchos de ellos parados de larga duración y con una cualificación o nivel de estudios muy inferior al necesario para la mayor parte de los empleos ofrecidos actualmente en el mercado”, afirma el texto.

Añade el Observatorio que la situación que ha llevado a perder casi medio millón de puestos de trabajo se ve agravada por la “elevada dualidad contractual”, temporalidad (34%), estacionalidad y dependencia de sectores como la agricultura y el turismo, que “condiciona considerablemente el avance en la productividad y el valor añadido de los trabajadores y las empresas en Andalucía”. Y añade el informe, antes de plantear propuestas, que “la peor cara de la crisis está en el crecimiento intenso que está teniendo el desempleo de larga duración: son ya casi 900.000 las personas en Andalucía que no han trabajado ni un día en el último año”.

Para salvar la situación, los economistas recomiendan más incentivos y una mejor atención personalizada en la búsqueda de empleo, para lo que proponen la colaboración público-privada y el “rediseño de las plantillas y los métodos de trabajo en el Servicio Andaluz de Empleo”.

También recomiendan la renovación “completa” de los programas de formación, con cursos de más de 250 horas que capaciten para desarrollar una ocupación específica de alta demanda y concedidos de “manera competitiva a las instituciones y empresas que mejores resultados consigan en términos de inserción estable de los alumnos del mismo”.

Ante el elevado desempleo juvenil, el Observatorio pide reformar la formación profesional reglada y los programas de prácticas profesionales en empresas.

Las subvenciones a la creación de empleo privado, según el texto, “deben dirigirse solamente a colectivos con especiales dificultades de reinserción laboral: parados de larga duración y mayores de 45 años. Las bonificaciones, igualmente, deberían ser periódicas y sujetas a evaluación continua”. Del mismo modo, proponen limitar las ayudas a la creación de empresas “a los candidatos con un nivel de formación y conocimiento del mercado suficiente para garantizar una alta tasa de éxito”.

La última conclusión es reducir al mínimo (solo para colectivos con graves problemas de inserción) las ayudas a instituciones públicas para la creación de empleo temporal: “Son, con diferencia, las medidas menos efectivas para mejorar las perspectivas de empleo de sus perceptores”.