La voz indeleble en papel y tinta

Cada noche, los constitucionalistas subían sin dilación los escalones que les llevaban a adentrarse en el cénit de las libertades. Españoles ilustrados de la península y de las provincias de Ultramar debatían, en veladas interminables aderezadas con el humo del mejor tabaco habano traído de contrabando, los principios de la futura Constitución Española. Se daban cita en la planta alta del Café de Apolo de la plaza de San Antonio de Cádiz, un lugar que se convirtió en las llamadas cortes chicas.

Eran los mismos señores de chaqueta y pañuelo que quisieron que sus opiniones no quedaran en la voz perdida de un salón vespertino. Los mismos que decidieron en ese café que Fernando VII tenía que ser condenado a muerte por traicionar a la patria. Estos señores, que llegaban a pagar un real o lo que equivale a 200 euros de un sueldo mensual de 600 por comprar un periódico, pusieron todo su ímpetu en conseguir que sus ideas se expandieran en papel y tinta sin que fueran censuradas, como sucedía durante la guerra.

Conquistaron entonces la libertad de imprenta en el artículo 371 con el siguiente decreto: "Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes".

"Hasta ese momento podían expresarse, pero la palabra es volátil, por eso su mayor interés fue que se instrumentalizara en papel", destaca Alberto Ramos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz y miembro de la Comisión Nacional del Bicentenario.

"Desde 1808, durante la guerra de la Independencia, se publican folletos, panfletos, papeles sueltos y periódicos que no pasan por la junta de censura, que no están controlados, aunque había un juez de imprenta que tenía que fiscalizarlo todo. Desde ese momento se está fomentando la opinión pública, por eso, una de las primeras acciones que las Cortes acometen es el decreto de libertad de imprenta", contextualiza Ramos.

"Una consecuencia es la salida del periódico El Conciso , que se empezó a publicar en agosto de 1810 y pedía que hubiera libertad de imprenta, aunque ya la estaba practicando".

Los ilustrados y doceañistas tenían mucho interés en que hubiera opinión pública, que la gente opinara, por eso se repite en la Constitución lo que ya estaba aprobado en las Cortes. "Se da al poder legislativo la defensa de la libertad de imprenta, lo que resalta la importancia que le dieron los diputados", añade. "El máximo interés de los doceañistas era la ilustración, la educación, la capacidad de reflexionar. Una situación que alcanza la utopía con un 90% de población analfabeta, que no tenía mucha más opción que acercarse a las tertulias a escuchar la lectura en alto de los periódicos, o buscar por esas calles que dan al mar a los señores de tinta negra en las yemas de los dedos".

Tinta que delataría su identidad, no la del documento nacional, sino la de ese 10% de población que quería reformas para buscar el perfil de un ciudadano óptimo, que sabe leer, escribir y dar su opinión. "Para los ilustrados, la incultura del pueblo favorecía el despotismo", afirma Ramos. "A partir de 1812, los periódicos mejoran en criterio y calidad, como el Semanario Patriótico, que va a iluminar España en conocimientos y libertades. En Cádiz se alcanzaron hasta 70 cabeceras durante el periodo de 1808 a 1814; se pasó de tener 20 librerías-imprentas en 1808 a 28 en 1812, y se publicaron miles de panfletos. Esa época se conoció como la de la diarrea de las imprentas", cuenta Ramos para incidir en la importancia de la instrumentalización de la palabra.

"Era interesante que además se criticaran muchísimo unos a otros, se atacaban en sus publicaciones. Hay periódicos que incluso piden la restauración de la Inquisición, la polémica es constante...", matiza.

Así Cádiz se convirtió en el epicentro del criterio ideológico e intelectual. "La propaganda es más controlada en territorio ocupado y en Cádiz no existía eso", cuenta. "La ciudad nunca quedó desabastecida de nada porque los franceses no pudieron cortar la comunicación con el mar", detalla.

Lo que sí subió considerablemente fue el precio del papel, como dilucidó Ramos en un estudio. "Los intelectuales que querían difundir sus opiniones se financiaban a sí mismos la publicación de sus periódicos, que repartían por los cafés y tertulias para que se leyeran en alto al que se acercara a escuchar, que en gran parte eran los que no sabían leer", cuenta Ramos.

Aún quedan parcelas por conquistar en cuanto al derecho a la libertad de información, hechos y datos; una de ellas es la Ley de Transparencia Informativa. "La ley para tener acceso a la información que obra en poder de la Administración está bloqueada, todos los partidos la incluyen en sus programas, pero siempre termina paralizada", explica José María Morales, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y profesor en la Facultad de Comunicación.

"Con esta ley, que existe en otros países y es reclamada por las instituciones europeas, el periodista podría conocer qué criterios interfieren en la toma de decisiones políticas. Es un elemento de control a las Administraciones que facilitaría revelar tramas de corrupción, especulación urbanística...", detalla Morales, que también resalta la indefensión del periodista por la Ley del Secreto Profesional. "Puede haber jueces que interpreten que no destapar una fuente puede ser falta de colaboración con la justicia", considera.

Lo que se ejerce con más soltura es la libertad de expresión, el conformar de forma individual en espacios públicos o privados una opinión personal sin ser enjuiciados. Lo que no previeron aquellos señores de chaqueta y pañuelo en su condena a muerte contra Fernando VII. Dos años después, cuando el rey volvió al poder, se entretuvo en asegurarse de que el dueño del local fuera condenado a la cárcel por haber permitido esos comentarios contra la monarquía. La voz, el papel y la tinta volvieron al secuestro en 1814, pero las primeras palabras de libertad quedaron indelebles para la población española.