Un nuevo protocolo detecta 52 casos con indicios de trata de menores

Es difícil imaginar en España a un menor solo. Acompañado por un desconocido, en un lugar extraño, sin referencias, sin documentación, sin identificar, sin nombre... Un menor captado por redes de explotación sexual y laboral, extorsionado por esclavistas, para la venta de sus pequeños y preciados órganos, para la adopción ilegal, para ser prostituido, para lo inimaginable. Las Administraciones españolas reconocen que no tienen un control total sobre los menores inmigrantes que llegan a España y que pueden ser víctimas de trata de seres humanos. Asumen que son bastante invisibles. Pero ahora empieza a haber alguna luz.

Bajo la premisa de que la defensa de los derechos del menor está por encima de todo, en julio de 2013 comenzó a funcionar en Andalucía un programa de trabajo coordinado entre los Defensores del Pueblo estatal y autonómico, las fiscalías, los cuerpos de seguridad del Estado, Protección de Menores de la Junta y Cruz Roja. Desde ese momento y hasta el pasado junio han intervenido de forma conjunta en 52 casos por indicios de trata de menores en Andalucía, se han declarado cerca de 30 en situación de riesgo y nueve, en desamparo. El trabajo en esta comunidad es clave. De julio de 2013 a finales del año, de los 38 menores que entraron al país de forma irregular, 23 lo hicieron por Andalucía, según datos del Defensor del Pueblo Andaluz.

Cruz Roja aporta además otros datos de inmigrantes que entraron por las costas españolas de abril de 2013 a abril de 2014: registraron 77 menores acompañados de mujeres con indicios de víctimas de trata, 19 presuntas menores víctimas de estos delitos y 30 embarazadas en iguales condiciones. En su mayoría procedían de Nigeria, Camerún, Congo y Ghana. “En estos meses de trabajo conjunto, la situación ha cambiado radicalmente. Empezamos a tener datos de esta lacra y las mafias han cambiado su sistema de trabajo, han dejado de enviar a menores acompañados de adultos que no son sus familiares”, asegura el defensor del Menor y del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que esta semana supervisó que el protocolo de detección de menores víctimas de trata funcionara en las costas andaluzas ante la masiva llegada de personas en situación irregular.

“Es una cuestión que viene de tiempo atrás pero que era invisible. La sociedad española no tenía la conciencia que hoy se tiene de las redes”, reconoció la defensora del Pueblo de España, Soledad Becerril, en unas jornadas celebradas en Sevilla en junio para dar a conocer los avances de este programa conjunto. “Esos niños no existían para España. Apenas estaban reseñados, sin edad conocida y sin vínculos a un adulto, por lo tanto, después era muy difícil hacerles un seguimiento. Ahora se empiezan a identificarlos con la persona que han entrado”, detalla Rosa Flores, referente de la trata de seres humanos de la Cruz Roja y coordinadora de este programa en Andalucía. “Era necesario ver el papel de cada responsable y armar un protocolo para analizar la tarea de cada órgano”, detalla Maeztu.

Las comunidades autónomas tienen la obligación de asumir la tutela de los menores desprotegidos, pero para ello deben despejar primero si los que llegan a España de forma irregular acompañados de personas mayores son sus verdaderos padres o son desconocidos, tienen que descubrir su edad para saber qué protocolo de actuación aplicar y tienen que descartar que, en caso de que vengan con un familiar, el adulto no pertenezca a ninguna red. Son múltiples las incógnitas a las que se enfrentan los profesionales que en primera instancia atienden a estos menores, y normalmente se mueven por indicios. Rosa Flores ve a los inmigrantes recién llegados a tierra española. “Se hacen entrevistas individuales, se analiza el apego de las madres a los menores y viceversa, se ven sus vínculos… Y si se detectan probabilidades de que puedan pertenecer a mafias se redacta un informe para enviarlo a fiscalía, policía y menores y así organizar lo antes posible su identificación y protección”, detalla.

Durante la ejecución del protocolo suelen ser acogidos en centros de menores, y si definitivamente se intuye que pueden haber llegado entramados en una red, se activan los distintos procedimientos para su protección. Durante este tiempo, se han declarado a nueve menores en situación de desamparo. De ellos, tres son adolescentes que venían acompañadas por desconocidos, una llegó con un hombre que aseguraba ser su padre y cinco han sido declarados bajo este estatus aún viniendo con sus madres. “Es un proceso muy traumático porque las madres tienen que dejarlos para pagar las deudas que contraen con las mafias. Es una tarea muy dura y difícil pero está funcionando, algunas incluso reconocen que son víctimas de trata. A la vez, iniciamos procesos especiales para que puedan estar juntos lo antes posible”, declara Flores.

Josefa Murillo, subdirectora general de Personas Mayores, Infancia y Familias de la Junta, detalló también en las jornadas la complejidad de esta acción. “En estos casos, la intervención es muchísimo más cuidadosa. Las madres pueden llegar a pensar al principio que se cumplen las amenazas de las mafias, que les dicen que somos peores que ellos porque se les separa de sus hijos”, detalló Murillo. “Pero con esta actuación no se trata de criminalizarlas sino de proteger a los hijos de mujeres que no pueden decidir sobre ellos porque dependen de las mafias. No podemos hacer más daño del que queremos evitar”, matiza Maeztu.

En Andalucía, estos menores son atendidos en los centros de la Cruz Roja en Alcaudete (Jaén), Algeciras (Cádiz), Puente Genil (Córdoba), Sevilla y Utrera (Sevilla). El próximo objetivo, según adelanta Jesús Maeztu, es que este protocolo se expanda a Europa. “Tenemos que conseguir que la ruta sea completa. Los menores que entran por aquí pueden terminar en Bruselas o Bangladesh. No lo podemos permitir”, declara.