El PP alerta del “efecto llamada” que crean las ayudas sociales en Euskadi
La oposición subraya que el verdadero problema está en la evasión fiscal
![Eneko Ruiz Jiménez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F994d5417-c2c9-462f-bb5e-8d6f61b1b2a7.png?auth=b657bb48a1c04e6da3526478739275a16b620064b1cd99dd8c4ce4de739f9ace&width=100&height=100&smart=true)
![El portavoz de SOS Racismo Álava, Fede García, segundo por la izquierda, comparece junto a inmigrantes en Vitoria.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/XLAX6MTHUY5G6HADBIQQGF335I.jpg?auth=e3ecc37a0b7b91d27e4516d822684580e7523c9d6beaae31657a3f86f37ddd5a&width=414)
Limitar las ayudas sociales se han convertido en el discurso político del PP vasco. La portavoz de los populares en las Juntas Generales de Álava, Ana Morales, se unió este lunes al debate para alertar del “efecto llamada” que las ayudas a inmigrantes tienen supuestamente para los que llegan a disfrutar del “bienestar” de la capital alavesa. “Más que contribuir a la integración, vuelven crónica la situación de los que perciben la ayuda”, apuntó.
La mecha la encendió el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, cuando aseguró hace un mes que colectivos como el magrebí “vive de ayudas y no trabajan”. El Departamento de Ayudas Sociales del Ayuntamiento respalda también el discurso de este “efecto llamada”, que, dicen, se ha incrementado en los últimos meses. El Consistorio asegura que un 36,9% de las nuevas atenciones realizadas entre septiembre de 2013 y febrero de 2014 fue destinado a familias de extranjeros no empadronados o empadronados en los últimos seis meses. En total, 501 familias recientemente llegadas a Vitoria que buscaban ser atendidas en los servicios sociales.
Morales subrayó que el sistema de ayudas sociales del Gobierno vasco, la Renta de Garantía de Ingresos, con cuantías “superiores” a las de otras comunidades, “no funciona”. A su parecer debería “replantearse”.
El PSE y UPyD, por su parte, pidieron este lunes por separado al PP que cambiase el foco hacia el control de la evasión fiscal, según estas formaciones “mucho más preocupante”. La portavoz de los socialistas en las Juntas Generales de Álava, Cristina González, recriminó a los populares de Vitoria que se hayan “negado” a publicar la lista de personas o empresas que practican la evasión tributaria, mientras que “estigmatizan” a los inmigrantes por supuestas irregularidades en las prestaciones.
Para la portavoz del PP, “es difícil cuantificar el fraude fiscal” y recordó que publicar la lista de contribuyentes que defraudan a Hacienda “vulnera la [ley de] protección de datos”, aunque se han comprometido a publicar los nombres de los condenados con sentencias firmes.
El portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, apuntó que “todo es mejorable” pero que necesita “medidas concretas”. Calificó la estrategia de “cortina de humo para tapar la inoperancia política”
De fondo, el PP busca volver a reformar la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, que ya fue modificada en 2011. Creen que se quedó corta en el endurecimiento de los requerimientos para acceder a la prestación, que pasó de un año de empadronamiento a tres, en vez de los cinco que pedía el PP. El diputado general alavés, Javier de Andrés, plantea limitar las ayudas en el tiempo para “no garantizarlas de por vida”.
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