Una salvación para Carla y su hijo

A las diez de la noche de un sábado, Carla (nombre ficticio) llamó a su abogado. Nigeriana de 31 años, llevaba tres años siendo explotada sexualmente en La Rambla de Barcelona. En ese tiempo, había sido identificada diversas veces y como estaba irregular tenía abierto un proceso de expulsión del país. Pero por su tono de voz, muy nervioso, el letrado intuyó que ocurría algo más, así que cogió el coche y fue a verla.

Carla había recibido una citación policial para ir a declarar a la comisaría de la rambla de Guipúzcoa. Allí la esperaba el grupo IV de la UCRIF de Barcelona, que estaba investigando una red que explotaba sexualmente a mujeres nigerianas, a las que tenían controladas a través del teléfono y sometidas con rituales de vudú. Carla era una de las víctimas que habían identificado, y esperaban que declarase contra quienes la sometían.

La situación generó un temor profundo en la mujer. Pero la policía optó entonces por una vía distinta: ofrecerle que aceptase su condición de víctima, preservar su identidad como testigo protegido, y regularizar su situación en España. Pero irían más allá, y de forma pionera lograrían proteger a su hijo de siete años, y traerlo desde Nigeria. “Se ha conseguido gracias a la colaboración y el esfuerzo de todos: juez, fiscalía, consulado, la fundación, su abogado….”, se felicita el jefe de grupo que llevó a cabo la operación.

La mujer llegó a España en 2011, a través de París, con documentación falsificada. Antes fue sometida a un ritual de vudú en su país. Le cogieron vello de la cabeza, las axilas y el pubis, trozos de uña y de su ropa interior, e hicieron una especie de rezos conforme se comprometía a pagar la deuda con las personas que la iban a trasladar a Europa, donde se ganaría la vida como prostituta. En total, 65.000 euros. “La trampa está en que no les dicen cuál es el valor del euro, y ellas piensan que es en su moneda y que en un año podrán saldar la deuda. En realidad, van a estar esclavizadas de por vida”, aseguran fuentes policiales.

El menor voló con un visado a España y su madre declaró como testigo protegido

Al llegar a Barcelona, Carla fue trasladada a un piso donde le dieron instrucciones básicas de cómo prostituirse. Le enseñaron cómo poner un preservativo, y la dejaron en La Rambla, donde empezó por primera a vender su cuerpo. Carla tenía que llevar en todo momento un móvil, con el que los captores controlaban qué hacía, y lo que ganaba debía ingresarlo en una cuenta de los proxenetas. En ese contexto, el Cuerpo Nacional de Policía inició una investigación contra 18 personas que tenían esclavizadas a Carla y seis mujeres más. Pero para demostrarle necesitaban que declarasen contra ellos.

A Carla le dieron un mes para pensárselo, pero entonces empezaron las amenazas. No podía hablar con la policía. Y si lo hacía, irían a por ella y a por su familia. Conocidos de sus proxenetas acudieron incluso a amedrentar a sus allegados en Nigeria. “Les dijeron que si ella declaraba, se verían obligados a hacer cumplir el ritual”, asegura esa misma fuente policial. Lo que más le preocupaba a la víctima era su hijo de siete años, que vivía allí. Así que de forma pionera, los agentes pusieron en marcha un proceso para ensanchar lo que establecen los protocolos, que ofrecen protección a los descendientes de las víctimas de trata que residen en España, para poder proteger al menor.

Todos ayudaron. La titular del juzgado de instrucción número 5 de Badalona, la fiscalía, la Generalitat, Extranjería, la cónsul española en Lagos, su abogado, la fundación que la acogió… Con un informe donde se advertía del peligro que corría tanto Carla como su hijo, lograron los papeles para conseguir que el menor volase a España con un visado. En ese tiempo, Carla declaró como testigo protegido.

El proceso duró seis meses. A finales de junio, la propia policía acudió al aeropuerto de El Prat a recoger al hijo de la mujer. “No hay casi palabras… lograr sacar a su hijo de allí, de aquella situación… no sabemos qué hubiese podido pasar”, aseguran fuentes cercanas a la víctima, que piden la mayor confidencialidad posible, para que no se la pueda identificar. Ahora, a ojos de todos, Carla es un número, de forma que sus acosadores no podrán saber quién es. Tiene permiso de residencia y trabajo en España y es libre. “Le han cambiado la vida”, dicen esas mismas fuentes.

En el proceso ha tenido un papel fundamental la Fundación APIP-CAM, que ha protegido a la víctima. “Intentamos desde ese momento ofrecerle apoyo y acompañamiento”, cuenta la responsable de proyecto de la entidad. En la Fundación ya conocían a Carla por los dispositivos que hacen de seguimiento de mujeres que están en la calle. “Son situaciones muy estresantes para ellas, porque se asustan por muchas cosas, por las presiones, por las amenazas”, explica. Además, Carla estaba “agotada por las situaciones de coacción y por el cansancio”, recuerda. La mujer pidió a la asociación acogida y un acompañamiento continuado durante todo el proceso judicial y de regularización de su situación y de su hijo.

“Ha hecho un gran esfuerzo en confiar en todos”, explica la experta. Algo complicadísimo en el caso de mujeres que han sido explotadas sexualmente, coaccionadas, e incluso denunciadas por la policía bajo amenaza de ser expulsadas de España, donde tanto les ha costado llegar. En la actualidad, Carla vive lejos de la capital catalana.

“Salir de la prostitución es un proceso muy largo y duro; muchas mujeres recaen”, cuenta la responsable de proyecto de la fundación, que insiste en que la víctima es quien decide hasta dónde quiere llegar. Carla está decidida a dejar la prostitución. “Aunque quizá es un poco pronto para decirlo, creo que es un caso de éxito”, añade la responsable de proyecto de la fundación, que sigue dando cobertura a la mujer. “Incluso quiere montar un negocio”, indican fuentes cercanas.

La policía pide que este caso no sea una excepción, y que se amplíen los protocolos, de forma que se pueda proteger sistemáticamente también a los descendientes de las víctimas que están fuera de la Unión Europea. Desde APIP-CAM van más allá, y reclaman que se haga una ley integral para la lucha contra la trata, que proteja las víctimas y las convierta en las protagonistas de las medidas para salvarlas.