Condenada Bankia a devolver a una anciana 72.000 euros en preferentes

Josefa C. C. ya vivía en la residencia de ancianos cuando el director de su sucursal de Bancaja en Valencia se acercó hasta allí para que firmara unos papeles. Analfabeta y nonagenaria, desconocía que estaba firmando la conversión de 72.000 euros de productos financieros complejos —preferentes y subordinadas— en acciones de la entidad cuya entrada en Bolsa fue festejada en su momento con una campanilla por el exministro y presidente de Bankia, Rodrigo Rato. La anciana, desde su retiro, también desconocía adónde habían ido a parar sus ahorros, lo que ella llamaba el “plazo fijo”. Nada menos que a las Islas Caimán, destino de su inversión, desde donde la extinta caja de ahorros invertía en Bolsa con el dinero de sus clientes comerciales pese a prohibirlo la legislación española primero y, luego, la normativa de la Unión Europea.

Ajena por completo al procedimiento judicial —instado por su familia—, debido a su avanzada edad y a su frágil estado de salud, un juzgado de Valencia ha condenado a Bankia, como sucesora de Bancaja, a devolverle los 72.000 euros con sus intereses legales, además de las costas procesales. La sentencia declara nulos los contratos de suscripción de las preferentes y su posterior canje por acciones de la entidad. Consciente del varapalo que está sufriendo en los tribunales, Bankia ha optado por no recurrir el fallo y ya ha devuelto el dinero.

El destino de los ahorros de Josefa se descubrió durante el proceso judicial, cuando su abogado, José Pascual Fernández Gimeno, tuvo que demostrar que Bancaja Eurocapital Finance (BEF) formaba parte del Grupo Bancaja, pese a que Bankia se desvinculaba totalmente de la primera. Esta supuesta “falta de legitimación” alegada por la entidad bancaria fue rechazada por el juez, añadiendo que “la intervención de la emisora —BEF— fue silenciada por completo” a la anciana.

El reto fue demostrar que BEF era una filial creada por una caja de ahorros para realizar operaciones financieras de alto riesgo desde un paraíso fiscal. Y desde las Islas Caimán, Bancaja jugaba en bolsa los ahorros de toda una vida eludiendo pagar al fisco, pese a que su clienta recibía los intereses después de que la entidad retuviera los impuestos correspondientes para la Hacienda Pública.

Sin empleados

Al menos, así consta en la Declaración de Responsabilidad de BEF a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del ejercicio de 2007, un año antes de que cambiara su domicilio a la sede de Bancaja en Castellón. En ese documento público, expone que la “sociedad ha estado domiciliada en las Islas Caimán (…), no teniendo tributación por beneficios en dicho país”. Y añade que, “debido a este régimen tributario, la sociedad no ha registrado ningún gasto en la cuenta de resultados adjunta por impuesto de sociedades”. Y concluye señalando que no tiene empleados.

La anciana dependiente de 93 años “no reúne el perfil propio de un inversor en productos complejos y de alto riesgo”, sentencia el magistrado del juzgado de primera instancia número 17 de Valencia. “Nunca ha sido consciente de haber autorizado la inversión y pese a requerirlo reiteradamente nunca se le han facilitado los documentos suscritos con tal fin”, añade la sentencia. Por último, el juez anula el canje de estos productos financieros en acciones del banco, cuando salió a Bolsa, al tratarse de una misma política comercial unida a la tenencia de preferentes y subordinadas. Y considera, por tanto, que si las primeras son nulas, también lo es su conversión en acciones.